Piden mecanismos de protección para personas juzgadoras que conozcan asuntos sobre delincuencia organizada

La diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) propuso reformar el artículo 94 de la Constitución Política, con el objetivo de que el Poder Judicial de la Federación cuente con mecanismos institucionales de protección para las personas juzgadoras que conozcan de asuntos relacionados con delincuencia organizada u otros delitos de alto impacto.

Además, estipular que, en casos excepcionales y debidamente justificados, la legislación correspondiente pueda establecer medidas extraordinarias de seguridad, incluyendo la reserva temporal de la identidad pública de las personas juzgadoras durante el desarrollo del proceso, así como el uso de medios tecnológicos y protocolos institucionales orientados a garantizar su integridad, independencia y el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional.

El documento, turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales, resalta que la delincuencia organizada constituye uno de los fenómenos criminales más complejos que enfrentan los Estados contemporáneos y se caracteriza por la existencia de estructuras jerárquicas o redes criminales con capacidad económica, armamentística y logística para realizar actividades ilícitas de manera sistemática y sostenida.

En el caso mexicano, añade, diversas evaluaciones institucionales señalan que los grupos criminales han desarrollado estrategias de presión, intimidación y violencia dirigidas contra operadores del sistema de justicia, incluyendo fiscales, policías de investigación, peritos y personas juzgadoras.

Dicha situación, afirma, genera riesgos significativos para el adecuado funcionamiento del sistema de justicia penal, particularmente en aquellos casos en que las resoluciones judiciales pueden afectar directamente los intereses de organizaciones criminales con alto poder de intimidación.

Por ello, asegura, la seguridad e integridad de las personas juzgadoras se convierte en un elemento indispensable para preservar la independencia judicial. El Estado tiene la obligación constitucional de adoptar medidas adecuadas para garantizar que quienes ejercen la función jurisdiccional y enfrentan riesgos graves para su vida o integridad física, puedan desempeñar sus funciones con plena libertad y sin temor a represalias.

El objetivo central de esta propuesta de reforma consiste en fortalecer la protección institucional de quienes ejercen funciones jurisdiccionales en contextos de criminalidad organizada, garantizando que puedan desempeñar su labor sin presiones indebidas y en condiciones adecuadas de seguridad, indica.

Aclara que la adopción de mecanismos de seguridad reforzada para personas juzgadoras no implica una limitación al debido proceso ni a los derechos de las partes, sino una medida orientada a garantizar que las decisiones judiciales puedan adoptarse con plena libertad y autonomía.