Desplazamiento forzado en Chihuahua: comunidades atrapadas entre la violencia, el crimen y la disputa por el territorio

En las montañas de Chihuahua, abandonar la casa ya no siempre es una decisión: para cientos de familias se ha convertido en la única alternativa para seguir con vida. Comunidades enteras han dejado atrás sus viviendas, tierras y formas de subsistencia ante amenazas, asesinatos, desapariciones y el riesgo de reclutamiento forzado.

Esta realidad fue documentada durante la Misión Civil de Observación realizada en mayo pasado, en la que organizaciones de la sociedad civil entrevistaron a alrededor de 200 personas en situación de desplazamiento forzado interno provenientes de comunidades como Atascaderos, Coloradas de la Virgen y La Sierrita, en el municipio de Guadalupe y Calvo. También se documentaron casos de familias desplazadas de Tamazula, Durango, y San Miguel, Sinaloa.

El diagnóstico presentado por las organizaciones dibuja un escenario particularmente complejo: la violencia generada por grupos del crimen organizado se entrelaza con disputas por el control territorial, el aprovechamiento de recursos naturales y, en algunos casos, el desarrollo de proyectos extractivos.

El territorio como centro de la disputa

Buena parte de las comunidades afectadas se encuentran en el llamado Triángulo Dorado, región que comprende zonas de Chihuahua, Durango y Sinaloa y que durante décadas ha sido estratégica para las actividades del narcotráfico.

Sin embargo, el informe señala que la disputa actual va más allá del control de las rutas y actividades relacionadas con las drogas. Las organizaciones observaron un creciente interés de grupos criminales por controlar territorios habitados por comunidades rarámuri y ódam, particularmente por los recursos naturales que contienen, como el agua y la madera.

La Misión también identificó una disputa por el control de estos territorios como parte de un proceso más amplio de reorganización del crimen organizado. En medio de esa confrontación, sostiene el informe, la población civil queda expuesta a ataques directos, amenazas y reclutamiento forzado.

A este escenario se suma otro elemento: la actividad minera.

De acuerdo con la investigación, en distintas comunidades el desplazamiento forzado ha coincidido con el inicio de proyectos extractivos. Entre los casos señalados en Chihuahua están Monteverde, Guazapares, Los Trigos, Guachochi y San Julián, en Guadalupe y Calvo.

Las organizaciones advierten que existen elementos para considerar que el crimen organizado podría haber funcionado como un “facilitador violento” para el ingreso de empresas mineras, mediante amenazas, desplazamientos y asesinatos selectivos.

Atascaderos, el rostro más reciente de la crisis

Uno de los casos que ilustra con mayor crudeza esta situación es el de Atascaderos, en Guadalupe y Calvo.

En febrero de este año, habitantes de la comunidad y de localidades cercanas recibieron amenazas relacionadas con el reclutamiento forzado de jóvenes. Poco después, una adolescente de 14 años, Kenya Anayeli V.R., fue secuestrada en su domicilio y posteriormente localizada sin vida en una comunidad cercana.

A estos hechos se sumaron enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. El resultado fue el desplazamiento de más de 600 personas, quienes abandonaron Atascaderos y buscaron refugio en Hidalgo del Parral.

En marzo, aproximadamente una tercera parte de las personas desplazadas regresó a su comunidad con acompañamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y otras instituciones.

Pero el retorno, según documentó la Misión, no estuvo respaldado por un análisis previo de riesgo ni por medidas suficientes para garantizar la seguridad, protección y reparación del daño.

Las consecuencias fueron graves: posteriormente se registró el asesinato de una persona y la desaparición de otras dos. El resto de las familias desplazadas continúa sin poder regresar.

El caso adquiere otra dimensión al considerar que Guadalupe y Calvo es uno de los municipios con mayor actividad minera de la región. El informe identifica cuatro proyectos en etapa de exploración y uno en operación, vinculados con Fresnillo, Radius Gold, Mammooth R. y Atacama Cooper; las tres últimas empresas son de origen canadiense.

Una crisis que crece mientras el Estado responde

El problema no se limita a una región de Chihuahua. De acuerdo con los datos consultados por las organizaciones, el número de personas desplazadas forzadamente en México se triplicó entre 2021 y 2025.

Chihuahua, Michoacán y Sinaloa concentran una parte importante de los casos. En Chihuahua, tan solo durante 2025, una investigación de la Universidad Iberoamericana contabilizó cerca de 4 mil 500 personas desplazadas, mientras que la Comisión de Desplazamiento Forzado Interno del estado reportó haber atendido alrededor de 5 mil casos durante ese mismo periodo.

Para las organizaciones participantes, estas cifras también revelan otro problema: el subregistro.

La Misión concluye que las instituciones estatales no han logrado ofrecer soluciones integrales y duraderas. La respuesta gubernamental, señala, se ha concentrado principalmente en mecanismos asistencialistas y acciones de emergencia, mientras el fenómeno permanece parcialmente invisibilizado.

En ese contexto, las organizaciones demandaron la elaboración de un plan integral de atención y protección para las personas desplazadas, la creación de un registro público de casos y el reconocimiento oficial del desplazamiento forzado interno como una problemática que requiere una respuesta estructural del Estado mexicano.

La Misión Civil de Observación estuvo integrada por Alianza Sierra Madre (ASMAC), Centro de los Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC), Colectivo Nuevo Amanecer, Red TDT y Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, con el acompañamiento de Brigadas Internacionales de Paz México (PBI) y ACNUR.

En las comunidades visitadas, el desplazamiento no significa solamente perder una vivienda. Significa dejar atrás territorio, vínculos comunitarios, patrimonio y formas de vida. Y mientras la disputa por el control de las montañas continúa, cientos de familias permanecen lejos de sus hogares, esperando condiciones que les permitan regresar sin volver a poner en riesgo la vida.