Casi la mitad de los trabajadores en Tamaulipas carece de seguridad social.

En Tamaulipas, 49% de la población ocupada no cuenta con seguridad social, lo que representa alrededor de 820 mil personas, de acuerdo con un análisis de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza basado en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

La organización advierte que tener un empleo no garantiza condiciones laborales adecuadas, pues quienes carecen de seguridad social quedan desprotegidos ante situaciones como enfermedades, accidentes, embarazo, jubilación y pensiones, además de perder acceso a mecanismos de ahorro y financiamiento para vivienda.

A pesar de esta situación, Tamaulipas ocupa el lugar 24 en el ranking nacional de Precariedad Laboral. Las entidades con mayores niveles de precariedad son Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla e Hidalgo, mientras que Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur presentan las mejores condiciones.

Labores de cuidado limitan el acceso al empleo

El análisis también identifica a 592 mil tamaulipecos fuera del mercado laboral. De ellos, alrededor de 426 mil no pueden incorporarse a un empleo debido a que realizan labores de cuidado no remuneradas en sus hogares; 94% son mujeres.

Otros 166 mil se encuentran en búsqueda de empleo o están disponibles para trabajar, cifra que representa una tasa de desempleo completo de 10%.

Ante este panorama, especialistas plantean ampliar los servicios públicos de cuidado, mediante estancias infantiles, escuelas de horario extendido, centros para personas con discapacidad y espacios de atención para adultos mayores.

Siete de cada 10 asalariados carecen de representación sindical

La precariedad también se refleja en la falta de representación laboral. En Tamaulipas, 828 mil personas, equivalentes al 70% de los trabajadores asalariados y subordinados, no cuentan con representación sindical para participar en procesos de negociación colectiva.

El diagnóstico plantea que mejorar las condiciones laborales requiere no sólo generar empleos, sino garantizar seguridad social, protección ante riesgos, acceso a servicios de cuidado y mecanismos efectivos de representación laboral.