La confrontación entre Morena y el PAN llegó a la publicidad exterior con la colocación de espectaculares de contenido crítico en la Ciudad de México y Chihuahua, generando acusaciones cruzadas sobre censura, propaganda partidista y posible uso indebido de recursos públicos. Entre los mensajes difundidos por el PAN se encuentra “IMSS y nada es lo …
PAN y Morena escalan disputa por espectaculares políticos.

La confrontación entre Morena y el PAN llegó a la publicidad exterior con la colocación de espectaculares de contenido crítico en la Ciudad de México y Chihuahua, generando acusaciones cruzadas sobre censura, propaganda partidista y posible uso indebido de recursos públicos.
Entre los mensajes difundidos por el PAN se encuentra “IMSS y nada es lo mismo”, en referencia a los servicios de salud, mientras que en Chihuahua apareció la frase “Muerte y Morena es lo mismo”, como parte de una estrategia para cuestionar las políticas de seguridad y salud vinculadas con gobiernos morenistas.
Morena exigió el retiro de los anuncios y cuestionó el origen de los recursos utilizados para su contratación. En Chihuahua, dirigentes del partido anunciaron que presentarían una denuncia ante el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua para que se investigue la campaña.
En la Ciudad de México, la dirigente del PAN capitalino, Luisa Gutiérrez Ureña, denunció además presuntas presiones contra empresas de publicidad exterior que, según afirmó, habrían recibido amenazas para no contratar espacios con su partido. Estos señalamientos, sin embargo, requieren documentación o investigaciones oficiales que permitan determinar si existió alguna intervención indebida.
El conflicto se desarrolla en medio de una regulación más estricta de la publicidad exterior en la capital, donde las autoridades han impulsado el retiro de estructuras que incumplen las normas o representan riesgos.
El caso coloca nuevamente en el debate los límites entre regulación, libertad de expresión y propaganda política, particularmente cuando los mensajes se utilizan para confrontar a partidos y gobiernos.
Ahora corresponderá a las autoridades electorales y administrativas determinar si los anuncios cumplen con la legislación, quién financió su contratación y si existieron irregularidades. La fiscalización de los recursos y el cumplimiento de las normas serán fundamentales para establecer si se trata de crítica política legítima o posibles infracciones electorales.
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