Fracking en México: una apuesta que vuelve a la mesa, pero también abre dudas sobre sus costos.

Las primeras conclusiones del Comité Científico de Evaluación del Fracking reactivan el debate sobre la explotación de gas en yacimientos no convencionales. Organizaciones ambientales advierten que, además de los riesgos ecológicos, el modelo podría representar una presión adicional para las finanzas públicas.

El fracking vuelve a ocupar un lugar en la discusión energética de México. Durante la conferencia mañanera del pasado jueves 6 de agosto, el Comité Científico de Evaluación del Fracking en México presentó sus primeras conclusiones sobre la posibilidad de explotar gas en yacimientos no convencionales.

El gobierno federal aclaró que todavía no existe una autorización definitiva para utilizar esta técnica. Sin embargo, los resultados presentados mantienen abierta la posibilidad de continuar evaluándola en algunas cuencas del norte del país, siempre bajo condiciones relacionadas con la disponibilidad de agua salada, la viabilidad técnica y la consulta a las comunidades.

La discusión, por tanto, apenas comienza. Y detrás de la pregunta sobre si técnicamente es posible extraer gas mediante fractura hidráulica aparece otra mucho más amplia: ¿es conveniente para México asumir los costos económicos, ambientales y sociales de esta actividad?

Para la Coalición México Resiliente, la respuesta merece especial cautela.

Un modelo que necesita perforar constantemente

Uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con la propia naturaleza de los pozos no convencionales.

De acuerdo con los planteamientos difundidos por la organización, estos pozos pueden perder entre 60 y 70 por ciento de su producción durante el primer año. Esto significa que mantener determinados niveles de extracción requiere una actividad constante de perforación y una inversión permanente.

El problema no se limita entonces al costo de construir un pozo.

El modelo demanda continuar perforando para compensar rápidamente la disminución de la producción, lo que puede traducirse en una infraestructura que necesita renovarse de manera continua para mantener los volúmenes de gas.

Desde esta perspectiva, la pregunta deja de ser únicamente cuánto gas puede extraerse y comienza a ser cuánto cuesta mantener esa producción a lo largo del tiempo.

El agua, uno de los puntos más sensibles

La discusión adquiere otra dimensión cuando se incorpora el factor ambiental.

La fractura hidráulica requiere utilizar grandes cantidades de agua y genera residuos que deben ser manejados bajo condiciones específicas. Aunque el gobierno federal ha señalado que la evaluación contempla la disponibilidad de agua salada como uno de los criterios para determinar la viabilidad de determinados proyectos, el manejo del recurso continúa siendo uno de los elementos centrales del debate.

A ello se agregan posibles impactos sobre los territorios donde se desarrollen las actividades extractivas y sobre las comunidades que habitan en esas regiones.

Por eso, para los críticos del fracking, no basta con determinar si existe una formación geológica capaz de producir gas. También es necesario evaluar qué recursos se requieren, qué residuos se generan y quién asumirá los costos cuando la actividad termine.

El costo que no aparece en el precio del gas

Otro de los argumentos planteados por México Resiliente se relaciona con las llamadas externalidades ambientales.

El manejo de residuos, los posibles impactos sobre el agua y el territorio y las emisiones de metano pueden representar costos que no necesariamente aparecen reflejados en el precio final del combustible.

Esto plantea un desafío para las finanzas públicas: una actividad puede resultar rentable desde la perspectiva de una empresa y, al mismo tiempo, generar costos adicionales para el Estado y las comunidades.

En otras palabras, la rentabilidad de un pozo no necesariamente equivale a la rentabilidad de un proyecto para la sociedad.

La decisión no será solamente técnica

Las primeras conclusiones del Comité Científico no significan, por ahora, que México haya decidido adoptar nuevamente el fracking como parte de su política energética.

Lo que sí hacen es abrir una nueva etapa de evaluación.

La viabilidad de esta técnica tendrá que analizarse considerando factores técnicos, disponibilidad de recursos, condiciones ambientales y la participación de las comunidades involucradas. En ese proceso también será fundamental determinar quién asumiría los costos de infraestructura, vigilancia ambiental, tratamiento de residuos y eventuales daños.

El debate energético mexicano se encuentra así frente a una disyuntiva que va más allá de producir o no producir gas.

La pregunta de fondo es qué tipo de inversión energética necesita el país y cuánto está dispuesto a pagar por ella.

Mientras el gobierno mantiene abierta la evaluación del fracking, organizaciones ambientales llaman a mirar el problema desde una perspectiva más amplia: no solamente cuánto combustible puede obtenerse del subsuelo, sino cuánto cuesta extraerlo, cuánto tiempo puede sostenerse la producción y qué consecuencias económicas, ambientales y sociales pueden quedar cuando el pozo deje de producir.

Porque, en última instancia, la verdadera discusión no es únicamente si México puede hacer fracking.

Es si le conviene hacerlo.