EU revisaría posibles vínculos entre gobiernos estatales y grupos criminales en cuatro entidades

La sombra de una posible infiltración del crimen organizado en estructuras políticas vuelve a colocarse sobre varios estados de México. De acuerdo con una columna del periodista Jesús Lemus publicada en PolíticoMX, autoridades de Estados Unidos revisarían posibles vínculos entre gobiernos estatales y organizaciones delictivas en Michoacán, Colima, Tlaxcala y Guanajuato.

El punto de partida, según el texto, sería la situación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, a partir de la cual autoridades estadounidenses estarían ampliando su atención hacia otras entidades donde existen disputas por rutas estratégicas, puertos, combustible y actividades asociadas con el crimen organizado.

La hipótesis planteada es que grupos criminales habrían buscado financiar campañas políticas para obtener, a cambio, influencia territorial, protección institucional y acceso a operadores dentro de los gobiernos.

Michoacán, entre el financiamiento y la disputa territorial

En Michoacán, la columna refiere presuntos señalamientos contenidos en informes de inteligencia estadounidenses y atribuidos a fiscales, según los cuales durante la elección de 2021 se habría utilizado una estructura de financiamiento criminal para favorecer la movilización electoral de Alfredo Ramírez Bedolla.

El gobernador también es mencionado por el crecimiento de la presencia territorial del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad.

Ramírez Bedolla ha reconocido públicamente que autoridades estadounidenses investigan a alcaldes michoacanos, aunque ha precisado que no todos los casos han sido confirmados.

Manzanillo, punto estratégico en Colima

La gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, aparece en el análisis debido al peso estratégico de Manzanillo, uno de los principales puertos aduaneros de México.

De acuerdo con la columna, las autoridades estadounidenses revisarían posibles esquemas de financiamiento político relacionados con actividades como el llamado huachicol fiscal y otras operaciones criminales vinculadas con el movimiento de mercancías a través del puerto.

En Tlaxcala, el texto ubica a la gobernadora Lorena Cuéllar entre las funcionarias que presuntamente estarían bajo revisión por autoridades estadounidenses, en este caso por un supuesto esquema de financiamiento electoral relacionado con redes dedicadas al robo de combustible.

Guanajuato y la disputa por el huachicol

El panorama también alcanzaría a Guanajuato, donde la gobernadora Libia Dennise García, del PAN, es mencionada ante una posible investigación relacionada con el traslado de recursos provenientes de redes ilegales de combustible hacia estructuras políticas locales.

La entidad ha enfrentado durante años disputas entre organizaciones criminales por el control del huachicol y el narcomenudeo, particularmente entre el CJNG y grupos locales.

Más allá de los partidos políticos, la columna plantea que el interés de las organizaciones criminales sería esencialmente pragmático: conseguir protección, influencia y capacidad de operación dentro de las instituciones.

Sin embargo, los señalamientos contenidos en la columna no equivalen por sí mismos a acusaciones judiciales ni confirman la existencia de investigaciones formales contra los gobernadores mencionados. Hasta el momento, la información descrita corresponde a versiones periodísticas y presuntas indagatorias, por lo que cualquier responsabilidad deberá acreditarse mediante investigaciones oficiales y, en su caso, procedimientos legales.

El tema vuelve a colocar sobre la mesa uno de los mayores riesgos para las instituciones mexicanas: que el dinero proveniente de actividades ilícitas encuentre caminos para penetrar los procesos electorales y convertir el poder político en una herramienta de protección para las organizaciones criminales.