La propuesta contempla elevar entre 60 centavos y un peso el precio por unidad, dependiendo de la presentación y el valor de la cerveza. El ajuste busca modificar la distribución de la carga fiscal entre cerveza, destilados y vino.
La cerveza podría costar más si prospera una propuesta planteada en la Cámara de Diputados para modificar el impuesto que se aplica a esta bebida. El ajuste implicaría un incremento de entre 60 centavos y un peso por unidad, dependiendo de su precio y presentación, con el objetivo de generar alrededor de 6 mil 500 millones de pesos adicionales para las arcas públicas.
La propuesta forma parte de las conclusiones del Grupo de Tratamiento Fiscal a la Producción de Destilados y otras Bebidas Alcohólicas, creado por la Comisión de Hacienda y presentado durante una reunión extraordinaria por la diputada del PT Vanesa López.
La cerveza concentra la mayor parte del mercado
De acuerdo con los datos expuestos por la legisladora, la cerveza representa 93.1% del volumen de bebidas alcohólicas comercializadas en México y aporta 63.3% de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
En contraste, los destilados representan 6.3% del volumen y generan 33.3% del IEPS, mientras que el vino concentra apenas 0.6% del mercado y aporta 3.5% de la recaudación.
“Dicho con claridad: el vino y los destilados representan menos del 7 por ciento del mercado, pero aportan casi el 37 por ciento del IEPS”, señaló López.
A partir de esta diferencia, la diputada argumentó que el sistema actual presenta una distribución desigual de la carga tributaria y planteó que el ajuste recaiga principalmente sobre la cerveza.
“¿Por qué planteamos que el incremento recaiga en la cerveza? Porque concentra más del 94 por ciento del mercado, porque ha mantenido una trayectoria de crecimiento y porque cuenta con una escala y una capacidad económica considerablemente mayor”, sostuvo.
Recaudación subiría 4.6%
Según las conclusiones presentadas ante la Comisión de Hacienda, la modificación permitiría elevar los ingresos conjuntos por IEPS e IVA de 140 mil 586 millones a 147 mil 37 millones de pesos.
Esto representaría un incremento aproximado de 4.6%, de acuerdo con el escenario recomendado por el grupo de trabajo.
La diputada sostuvo que el ajuste no tendría como propósito alterar de manera estructural el mercado formal, sino aumentar la recaudación y distribuir de manera más equilibrada las obligaciones fiscales.
“En el escenario recomendado, los ingresos pasarían de 140 mil 586 millones a 147 mil 37 millones de pesos, un incremento aproximado de 4.6 por ciento, es decir, podemos recaudar más y, al mismo tiempo, proteger nuestras cadenas productivas nacionales”, afirmó.
El debate también alcanza a las grandes cerveceras
López señaló que desde hace más de una década las dos principales empresas cerveceras que operan en México forman parte de grandes corporaciones globales de capital extranjero.
Al mismo tiempo, destacó que el sector también está integrado por empresas mexicanas, pequeños productores, comunidades rurales y proyectos artesanales, así como actividades vinculadas con denominaciones de origen, cuyos participantes no cuentan necesariamente con la misma capacidad financiera para competir.
Por ello, sostuvo que la revisión fiscal debe considerar las distintas condiciones que existen dentro de la industria y evitar que el sistema termine favoreciendo a determinados segmentos.
También analizan impuesto a productos con exceso de sodio
Las conclusiones del grupo de trabajo no se limitaron a las bebidas alcohólicas. Los diputados también plantearon analizar la creación de un gravamen extrafiscal para productos con exceso de sodio, entre ellos sopas instantáneas, aderezos y otros alimentos procesados que superen los parámetros establecidos por las disposiciones sanitarias.
“Por ello, otra conclusión es analizar un gravamen extrafiscal para los productos que excedan los parámetros de sodio establecidos por las disposiciones sanitarias”, señaló la legisladora.
De acuerdo con López, este eventual impuesto tendría una finalidad que iría más allá de la recaudación: desincentivar el consumo de productos con altos niveles de sodio y contribuir a la prevención de problemas de salud.
La propuesta abre así un nuevo frente en la discusión fiscal del Congreso, donde el reto será determinar cuánto puede aumentar la recaudación sin trasladar una carga excesiva a los consumidores ni afectar la actividad de productores y empresas que participan en el mercado formal.