La Comisión de Justicia y el Instituto Nacional de Ciencias Penales firmaron un convenio que contempla investigación, capacitación y asesoría para incorporar criterios técnicos y académicos al trabajo legislativo.
Crear leyes en materia penal implica definir, en buena medida, hasta dónde puede llegar el poder del Estado. Bajo esa premisa, la Comisión de Justicia del Senado de la República, presidida por el senador Javier Corral Jurado, y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) formalizaron un acuerdo para acercar el conocimiento especializado al proceso legislativo.
El Convenio Marco de Colaboración, firmado en la Casona de Xicoténcatl, establece un esquema de cooperación permanente para fortalecer el intercambio de conocimientos, investigaciones y buenas prácticas relacionadas con la justicia penal.
La intención es que las iniciativas que lleguen al Congreso puedan ser analizadas también desde la experiencia académica y técnica de especialistas en ciencias penales.
Del aula al Congreso
El convenio contempla actividades de formación, capacitación y actualización, además de investigación, docencia, asesoría, foros y otros espacios destinados al intercambio de conocimientos y buenas prácticas.
Durante el acto, Javier Corral señaló que esta colaboración permitirá a los legisladores contar con mayores elementos al momento de analizar y construir propuestas relacionadas con el sistema de justicia.
La especialización de las materias jurídicas y la complejidad de los instrumentos legales, explicó, hacen necesario recurrir a investigaciones y criterios técnicos que permitan evaluar las consecuencias de las reformas antes de convertirlas en normas.
En ese sentido, destacó que los trabajos de consultoría pueden ayudar a identificar con anticipación falencias, dificultades e inconsistencias en los proyectos legislativos.
El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de agosto de 2030, con lo que se establece un periodo de colaboración de varios años entre el Senado y el instituto especializado.
Las leyes frente a un delito que también evoluciona
Para el rector del INACIPE, Jorge Nader Kuri, la discusión adquiere especial relevancia en el ámbito penal porque las decisiones legislativas establecen los límites del poder punitivo del Estado.
Por ello, sostuvo que las leyes deben analizarse cuidadosamente antes de su aprobación y responder a las condiciones reales de la sociedad.
La colaboración con el Senado, añadió, permitirá utilizar el conocimiento especializado para poner a prueba hipótesis y propuestas antes de convertirlas en disposiciones jurídicas.
Nader Kuri también advirtió que las estructuras criminales pueden evolucionar con mayor rapidez que las reformas legales. Frente a ese escenario, consideró necesario que quienes participan en la elaboración de las normas dispongan de herramientas que les permitan anticipar nuevas problemáticas y posibles vulnerabilidades.
Academia y legislación, en la misma mesa
La apuesta del convenio consiste en establecer un puente más estrecho entre quienes estudian los fenómenos relacionados con la justicia penal y quienes tienen la responsabilidad de convertir las propuestas en leyes.
Desde esta perspectiva, la academia puede aportar investigaciones, análisis y conocimientos especializados para acompañar al Poder Legislativo en la construcción de respuestas jurídicas ante problemas que cambian constantemente.
El objetivo no se limita a producir más normas, sino a contar con mayores elementos para determinar qué problemas buscan resolver, cómo pueden funcionar en la práctica y qué consecuencias jurídicas pueden generar.
Un acuerdo con vigencia hasta 2030
Javier Corral reconoció la disposición de Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República y presidenta de la Junta de Gobierno del INACIPE, así como el respaldo de la institución para concretar el convenio.
Con este acuerdo, el Senado y el INACIPE formalizan un mecanismo de cooperación que busca mantener un diálogo permanente entre legisladores y especialistas.
La colaboración abre así un espacio para que investigación, experiencia académica y trabajo legislativo confluyan en la discusión de las políticas públicas y en la elaboración de futuras reformas en materia de justicia penal, con la intención de que las decisiones cuenten con mayores elementos técnicos y jurídicos antes de convertirse en ley.