El Departamento del Tesoro incluyó en su lista a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, así como a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar; Washington los señala por presuntos vínculos con una red delictiva que opera en el noroeste de México.
El gobierno de Estados Unidos amplió sus acciones financieras contra el Cártel de Sinaloa con sanciones contra 21 personas y 25 entidades, entre ellas Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, y Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.
La medida fue anunciada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que señaló que los sancionados forman parte de distintas estructuras relacionadas con las operaciones del cártel, desde células dedicadas al tráfico de drogas hasta redes de lavado de dinero y personas a las que Washington acusa de facilitar las actividades de la organización.
La lista también incluye a integrantes del círculo cercano de “Mayito Flaco”, operadores de una célula con presencia en Tijuana, presuntos lavadores de dinero y funcionarios que, según las autoridades estadounidenses, habrían permitido o protegido las operaciones del grupo criminal.
Señalamientos contra Carlos Torres
Uno de los nombres que más atención generó es el de Carlos Alberto Torres Torres, a quien el Departamento del Tesoro identifica como un supuesto operador político relacionado con organizaciones criminales.
Según la dependencia estadounidense, Torres mantiene una alianza con “El Ruso” y habría utilizado su influencia para facilitar actividades delictivas y proteger al Cártel de Sinaloa de acciones del gobierno y de las fuerzas de seguridad en Baja California.
Estos señalamientos corresponden a la versión difundida por las autoridades estadounidenses como fundamento de las sanciones.
El Departamento del Tesoro también incluyó en la medida a Luis Alfonso Torres, hermano de Carlos Alberto Torres, a quien relaciona con Juan José Ponce Félix, identificado por Washington como jefe de plaza en Mexicali.
También sancionan a un exfuncionario de Mexicali
Entre las personas señaladas aparece además Pedro Ariel Mendivil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
El Departamento del Tesoro afirmó que Mendivil García mantiene una alianza con “El Ruso”, dentro de la estructura que las autoridades estadounidenses atribuyen al Cártel de Sinaloa.
La inclusión de exfuncionarios y personas identificadas como operadores políticos refleja uno de los principales objetivos de las sanciones: afectar no solamente a quienes participan directamente en actividades criminales, sino también a las redes financieras, políticas y de protección que, según Washington, permiten que estas organizaciones mantengan sus operaciones.
Washington apunta a las finanzas del cártel
Las sanciones forman parte de las herramientas utilizadas por Estados Unidos para bloquear bienes e intereses financieros vinculados con personas y organizaciones señaladas por actividades ilícitas.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, aseguró que las acciones estadounidenses buscan alcanzar tanto a los líderes criminales como a funcionarios corruptos y facilitadores financieros.
“Nuestro mensaje es claro: la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”, afirmó Bessent, de acuerdo con el comunicado.
La medida coloca nuevamente a Baja California en el centro de las acciones estadounidenses contra las estructuras que Washington atribuye al Cártel de Sinaloa, particularmente por la actividad de células con presencia en Tijuana y Mexicali.
Antecedente: la visa de Carlos Torres
El gobierno estadounidense recordó además que el Departamento de Estado revocó en mayo de 2025 la visa de Carlos Torres, argumentando entonces que estaba relacionado con el cártel y que actuaba en su nombre.
Con las nuevas sanciones, Washington vuelve a utilizar mecanismos financieros y migratorios para presionar a personas que identifica como integrantes, operadores o facilitadores de organizaciones criminales mexicanas.
La inclusión de 21 personas y 25 entidades amplía así el alcance de las medidas estadounidenses contra el Cártel de Sinaloa y sus presuntas redes de apoyo, mientras los señalamientos contra los involucrados corresponden a las acusaciones y determinaciones formuladas por las autoridades de Estados Unidos.