La Asamblea Legislativa removió a Roger Mariaca, quien había sido detenido días antes; el abogado José Armando Urioste fue designado como fiscal general interino mientras se inicia el proceso para elegir a un nuevo titular.
La crisis que rodea al Ministerio Público boliviano dio un nuevo giro durante el fin de semana. Después de la detención del fiscal general Roger Mariaca y de las acusaciones en su contra por una presunta protección al narcotráfico, la Asamblea Legislativa de Bolivia decidió removerlo del cargo y designar a un sustituto interino.
El Parlamento eligió al abogado José Armando Urioste para asumir temporalmente la conducción de la Fiscalía General del Estado, mientras se desarrolla el proceso constitucional para nombrar a una nueva autoridad titular.
La decisión fue tomada después de una extensa sesión legislativa que comenzó la noche del viernes y se prolongó hasta la madrugada del sábado, en medio de una creciente controversia política y jurídica.
Una reforma abrió la puerta a la destitución
Antes de votar la salida de Mariaca, diputados y senadores aprobaron una modificación a la Ley Orgánica del Ministerio Público.
El cambio incorporó un mecanismo que permite la suspensión definitiva del fiscal general cuando exista una imputación formal o una medida cautelar personal por delitos sancionados con prisión.
La reforma fue aprobada por ambas cámaras y posteriormente promulgada de manera inmediata por el presidente boliviano, Rodrigo Paz.
Con el nuevo marco legal en vigor, la Asamblea procedió a votar la destitución de Mariaca.
Urioste obtiene el respaldo del Legislativo
Una vez removido el fiscal general, el Parlamento abrió el proceso para seleccionar a un responsable interino del Ministerio Público.
Las distintas fuerzas políticas presentaron candidatos y se realizaron varias rondas de votación hasta que José Armando Urioste logró reunir el respaldo de más de dos tercios de los legisladores.
El presidente del Senado, Diego Ávila, informó que el nuevo fiscal general interino rendirá protesta el próximo lunes.
Urioste permanecerá en el cargo hasta que la Asamblea concluya el procedimiento constitucional para elegir al próximo fiscal general titular.
Mariaca enfrenta acusaciones
La salida de Roger Mariaca ocurre después de que el funcionario fuera detenido y quedara involucrado en investigaciones relacionadas con una presunta protección al narcotráfico.
Las acusaciones han colocado al Ministerio Público en el centro de una nueva controversia sobre la actuación de sus principales autoridades y la independencia de las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.
La destitución, sin embargo, no representa por sí misma una resolución definitiva sobre las acusaciones que enfrenta Mariaca. El proceso judicial deberá determinar las responsabilidades que, en su caso, correspondan.
La justicia vuelve al centro del debate
La remoción del fiscal general y la rápida designación de un interino abren una nueva etapa para el sistema de justicia boliviano.
El cambio ocurre además en un momento de fuerte discusión política sobre el funcionamiento de las instituciones y los mecanismos de control sobre quienes encabezan organismos clave del Estado.
Por ahora, José Armando Urioste tendrá la tarea de conducir el Ministerio Público mientras el Legislativo emprende la búsqueda de un nuevo fiscal general.
La crisis deja así una institución clave en transición y coloca nuevamente una pregunta en el centro de la escena política boliviana: ¿cómo recuperar la confianza en el Ministerio Público cuando su máxima autoridad termina fuera del cargo en medio de acusaciones vinculadas con el narcotráfico?