Washington anunció medidas para restringir las operaciones del tribunal y amenazó con desmantelarlo si continúa con acciones que considera una amenaza para ciudadanos estadounidenses. La decisión coincide con el reconocimiento a una exjueza de la CPI y abre un nuevo frente diplomático con Europa.
La confrontación entre el gobierno de Donald Trump y la Corte Penal Internacional (CPI) escaló este viernes con el anuncio de nuevas sanciones contra el tribunal, una medida que busca limitar sus recursos y podría afectar también a empresas que le proporcionan servicios. El anuncio llegó pocas horas después de que la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de la institución, recibiera el Premio Nobel de la Paz 2026 por su labor en favor de la justicia y el derecho internacional. <Cite refs={[«turn456209news29″,»turn456209news32″,»turn456209search0»]}/>
La coincidencia de ambos acontecimientos colocó nuevamente en el centro del debate la relación entre Washington y las instituciones internacionales encargadas de investigar y juzgar crímenes graves. Aunque no se ha establecido que el Nobel haya motivado las sanciones, la decisión estadounidense se produce en un momento de creciente tensión por las investigaciones y órdenes de arresto emitidas por la CPI.
“El presidente Trump jamás permitirá que la Corte Penal Internacional procese a ciudadanos estadounidenses”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado difundido antes del anuncio oficial.
El funcionario sostuvo que las medidas buscan impedir que el tribunal continúe con actuaciones que el gobierno estadounidense considera ilegítimas y advirtió que Washington podría adoptar nuevas acciones si sus exigencias no son atendidas.
Sanciones que podrían afectar las operaciones del tribunal
A diferencia de las medidas anteriores, dirigidas contra funcionarios específicos de la Corte Penal Internacional, las nuevas sanciones apuntan a la institución en su conjunto.
Las restricciones estadounidenses pueden tener consecuencias que van más allá de las personas directamente sancionadas. Las empresas sujetas a la jurisdicción de Estados Unidos podrían verse impedidas de mantener determinadas relaciones comerciales con la CPI, mientras que bancos, aseguradoras y proveedores tecnológicos tendrían que revisar sus vínculos con el organismo.
Esto podría complicar operaciones financieras, la contratación de servicios y otras actividades necesarias para el funcionamiento cotidiano del tribunal. No obstante, el alcance concreto dependerá de las disposiciones aplicables y de las licencias o excepciones que emitan las autoridades estadounidenses.
Un alto funcionario del Departamento de Estado indicó que el Tesoro prepararía licencias para proteger determinados intereses estadounidenses, aunque no se detalló públicamente el alcance de esas autorizaciones.
Rubio aseguró que Washington había esperado que la CPI y los países firmantes del Estatuto de Roma atendieran sus preocupaciones antes de adoptar nuevas medidas.
“O la CPI cesa sus amenazas, o nosotros acabaremos con la CPI”, advirtió el secretario de Estado, quien también pidió a los aliados de Estados Unidos que forman parte del tribunal que intervengan para limitar sus actuaciones.
La CPI rechaza las medidas y asegura que continuará su trabajo
La respuesta del tribunal fue de rechazo. Nazhat Shameem Khan, fiscal adjunta de la CPI, condenó las sanciones al considerar que buscan debilitar una institución judicial independiente y afectan al sistema internacional de justicia.
“Las sanciones pretenden socavar el estado de derecho a nivel internacional y la labor que realiza una institución judicial independiente”, declaró Khan, de acuerdo con el reporte de Reuters.
La fiscal adjunta sostuvo que las restricciones no impedirán que el tribunal cumpla sus funciones y afirmó que el trabajo continuará en las distintas situaciones, investigaciones y actuaciones judiciales bajo su responsabilidad.
La controversia plantea un desafío para la institución, cuya capacidad operativa depende de recursos financieros, infraestructura tecnológica y cooperación internacional. También pone a prueba el respaldo de los países miembros ante medidas que podrían dificultar la relación de la CPI con empresas y proveedores que operan en mercados sujetos a las normas estadounidenses.
¿Qué relación tiene el Nobel de la Paz con la controversia?
El anuncio de las sanciones se produjo el mismo día en que Navi Pillay fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2026 por sus contribuciones a la promoción de la paz y el derecho internacional.
Pillay, de 85 años, es una jurista sudafricana con una extensa trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Fue jueza de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional entre 2003 y 2008, presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y se desempeñó como alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014. También encabezó una comisión de investigación de la ONU sobre el territorio palestino ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, entre 2021 y 2025. <Cite refs={[«turn456209search1″,»turn456209search2»]}/>
Al anunciar el premio, el Comité Noruego del Nobel destacó la importancia de fortalecer el orden jurídico internacional y recordó que la rendición de cuentas por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio es una condición para construir una paz duradera.
El comité también señaló que los jueces y las instituciones del derecho internacional enfrentan presiones políticas, un mensaje que adquirió especial relevancia ante el anuncio estadounidense.
El Nobel reconoce la trayectoria de Pillay y su contribución a la justicia internacional; sin embargo, la información disponible no demuestra que la decisión del comité haya sido la causa de las sanciones contra la CPI.
Las órdenes de arresto que mantienen enfrentados a Washington y la CPI
La tensión entre Estados Unidos y el tribunal tiene antecedentes. Washington ha cuestionado durante años la jurisdicción de la CPI sobre ciudadanos estadounidenses y ha rechazado determinadas investigaciones relacionadas con sus fuerzas armadas.
Otro foco de conflicto son las órdenes de arresto emitidas por la Corte contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa israelí Yoav Gallant, en relación con la situación en Gaza. Estas actuaciones han generado fuertes críticas del gobierno estadounidense y de autoridades israelíes.
La administración Trump ya había impuesto sanciones a funcionarios de la CPI durante su primer mandato. Esas medidas fueron revocadas por el presidente Joe Biden, pero Washington volvió a sancionar a integrantes del tribunal después del regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025. Las nuevas restricciones amplían el alcance de esa política al dirigirse contra la institución. <Cite refs={[«turn456209news31″,»turn456209news32»]}/>
Fundada en 2002, la Corte Penal Internacional tiene competencia para juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión, bajo las condiciones establecidas en su Estatuto de Roma. Estados Unidos no es parte de ese tratado, mientras que numerosos países europeos sí lo son.
Europa, ante un nuevo desafío diplomático
La decisión estadounidense también amenaza con profundizar las diferencias con aliados europeos. La CPI tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos, y cuenta entre sus miembros con países de la Unión Europea y de la OTAN.
Para esos gobiernos, el tribunal constituye una pieza del sistema internacional de justicia, aunque sus decisiones y alcances jurisdiccionales también son objeto de debates políticos y jurídicos.
Las sanciones podrían obligar a los países aliados a buscar mecanismos para proteger las operaciones del organismo y a sus proveedores frente a posibles restricciones estadounidenses. El alcance de una respuesta coordinada dependerá de las decisiones que adopten los gobiernos europeos y de las medidas concretas que finalmente se apliquen.
El episodio deja abierto un conflicto que va más allá de una disputa entre Washington y una institución judicial. En juego están la capacidad de la Corte Penal Internacional para operar, la cooperación de los países que respaldan su labor y el alcance de las presiones que una potencia puede ejercer sobre los organismos internacionales.
Mientras la CPI sostiene que continuará con sus investigaciones y procesos, el gobierno de Trump advierte que mantendrá la presión si no se atienden sus exigencias. La evolución de las sanciones y la respuesta de los aliados europeos determinarán hasta dónde llegará esta nueva confrontación en torno al futuro de la justicia penal internacional.