La movilización del 11 de octubre en Guadalajara terminó con 39 personas detenidas y 28 elementos policiales lesionados. La Fiscalía revisa las detenciones, mientras organismos de derechos humanos analizan los protocolos de actuación.
Dos elementos de la policía de Jalisco son investigados por presuntos excesos en el uso de la fuerza durante la marcha por agua limpia realizada el domingo 11 de octubre en Guadalajara, una protesta que reunió a cerca de 10 mil personas y que terminó en enfrentamientos frente a Casa Jalisco, con un saldo de 39 detenidos y 28 uniformados lesionados.
El Gobierno estatal informó que entre las personas detenidas se encontraban 21 hombres y 18 mujeres. Entre los policías lesionados, uno sufrió fracturas de cráneo, pómulo y nariz, mientras que otro perdió un dedo.
Ante los hechos, el gobernador Pablo Lemus solicitó a la Fiscalía General del Estado revisar cada detención de manera individual y analizar los videos disponibles para determinar si hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes.
En paralelo, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco abrió un expediente de oficio para revisar los protocolos de contención empleados por las corporaciones durante la movilización.
Liberan a 32 detenidos; siete son enviados a Puente Grande
La Fiscalía estatal informó que, hasta las 18:00 horas del lunes 12 de octubre, 32 de las 39 personas detenidas habían sido puestas en libertad.
Las liberaciones se realizaron con fundamento en el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disposición que permite continuar con la integración de las carpetas de investigación sin mantener a las personas detenidas bajo prisión preventiva. Por ello, quienes recuperaron su libertad continúan sujetos a las investigaciones correspondientes.
El martes, la Fiscalía reportó que los siete detenidos restantes fueron trasladados al penal de Puente Grande. Seis de ellos enfrentan acusaciones por presuntas lesiones contra policías.
Ante esta situación, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, que brinda acompañamiento legal a parte de las personas detenidas, exigió que se respete el debido proceso y se garantice el derecho a una defensa adecuada.
Gobierno atribuye los disturbios a un grupo de choque
El gobernador Pablo Lemus reconoció la legitimidad de la protesta y sostuvo que la violencia opacó una manifestación que, según su versión, se había desarrollado de manera pacífica durante varias horas.
El mandatario afirmó que los enfrentamientos comenzaron cuando un grupo de choque integrado por unas 400 personas se incorporó a la movilización frente a Casa Jalisco. Esta explicación forma parte de la versión presentada por el Gobierno estatal, mientras las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.
La revisión de los videos y de las circunstancias de cada detención será clave para determinar cómo se desarrollaron los enfrentamientos y si la actuación de los policías se ajustó a los protocolos correspondientes.
La calidad del agua, en el centro de la protesta
Más allá de los hechos violentos, la movilización tuvo como eje las preocupaciones por la calidad del agua. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo señaló que, tras analizar muestras, detectó metales pesados y heces fecales, además de denunciar que el agua no había sido clorada.
Frente a estos señalamientos, Lemus reiteró su compromiso de atender el problema y manifestó su expectativa de que el Congreso de Jalisco apruebe la iniciativa para construir el nuevo acueducto Chapala–Guadalajara, proyecto que, de acuerdo con el gobernador, cuenta con la validación técnica de la Comisión Nacional del Agua.
Mientras avanzan las investigaciones por los enfrentamientos, permanecen abiertas dos demandas centrales: esclarecer posibles abusos durante la actuación policial y atender las inquietudes de la población sobre la calidad y el suministro del agua en la zona metropolitana de Guadalajara.