Legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano cuestionan que el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso guerrerense permanezca en el cargo mientras busca encabezar la coordinación de la defensa de la transformación en Acapulco. Además, enfrenta señalamientos sobre presunta promoción personalizada y el posible uso de recursos públicos.
A cinco meses de asumir la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Guerrero, el diputado morenista Joaquín “Jacko” Badillo Escamilla enfrenta exigencias de legisladores de oposición para que deje el cargo, luego de confirmar su participación en el proceso interno de Morena para definir a quien encabezará la coordinación de la defensa de la transformación en Acapulco.
El debate gira en torno a la conveniencia de que el legislador continúe al frente de un órgano responsable de la conducción política y administrativa del Congreso mientras participa en un proceso partidista con miras a las elecciones de 2027.
Badillo ha rechazado que su posición legislativa represente una ventaja frente a otros aspirantes y argumenta que la convocatoria de Morena no establece la obligación de que los diputados soliciten licencia para participar.
Sin embargo, representantes de distintas fuerzas políticas consideran que la responsabilidad de encabezar la Jucopo implica un manejo de recursos y atribuciones institucionales que, a su juicio, podría generar condiciones de inequidad frente a otros participantes.
Oposición cuestiona la permanencia del diputado
El coordinador de la bancada del PRI, Alejandro Bravo Abarca, demandó públicamente que Badillo Escamilla renuncie a la presidencia de la Jucopo mientras desarrolla sus actividades políticas.
Desde Movimiento Ciudadano, Erika Luhrs también cuestionó que una persona inscrita en un proceso interno continúe al frente de un órgano legislativo con responsabilidades administrativas.
“No es ético que alguien que ya se inscribió en un proceso electoral siga manejando recursos públicos, es totalmente inequitativo y va en contra de un proceso democrático en un estado como el nuestro”, sostuvo, de acuerdo con las declaraciones difundidas.
Luhrs añadió que, aunque los diputados no necesariamente administran directamente los recursos del Congreso, quien encabeza la Jucopo sí tiene responsabilidades que, desde su perspectiva, justifican separarse del puesto para competir en condiciones equitativas.
Los señalamientos de la oposición se producen en medio de la discusión sobre las reglas de participación de funcionarios y legisladores en los procesos internos de los partidos. La obligación legal de solicitar licencia, sin embargo, debe determinarse a partir de las disposiciones aplicables y de la convocatoria correspondiente.
Sheinbaum y las reglas de participación en Morena
La controversia también se relaciona con declaraciones atribuidas a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre la separación del cargo de quienes busquen una candidatura para 2027.
Según el texto que dio origen a la información, la mandataria sostuvo durante una conferencia matutina que quienes aspiren a cargos de elección popular tendrían que renunciar o solicitar licencia para participar en las convocatorias de Morena.
La postura de Badillo, en cambio, es que las bases de la convocatoria en la que participa no establecen esa obligación para los diputados.
La diferencia entre ambas posiciones coloca en el centro del debate la interpretación de las reglas partidistas y las disposiciones legales que podrían resultar aplicables a su caso.
Señalamientos sobre el manejo de recursos del Congreso
A la discusión política se suman denuncias y cuestionamientos sobre presuntas irregularidades financieras en el Congreso de Guerrero.
De acuerdo con la información proporcionada, el 23 de agosto, durante una reunión de la bancada de Morena en Acapulco, la diputada María Guadalupe García Villalba denunció que un cheque por 100 mil pesos emitido a su nombre habría sido cobrado por un funcionario del Poder Legislativo.
Tras esa denuncia, otros legisladores morenistas habrían señalado que sus firmas fueron falsificadas para cobrar cheques emitidos por el Congreso, por un monto conjunto superior a los 20 millones de pesos.
Estos señalamientos requieren una investigación que permita establecer si existieron irregularidades, quiénes habrían participado y cuáles fueron los destinos de los recursos. Hasta contar con resultados oficiales, no es posible atribuir responsabilidades individuales por los hechos denunciados.
En paralelo, críticos de Badillo han cuestionado el origen de los recursos utilizados para promover su imagen en Acapulco, donde, según las denuncias y comentarios citados, se han colocado espectaculares y anuncios en distintos espacios publicitarios.
El excandidato a la alcaldía Ramiro Solorio también ha cuestionado públicamente el financiamiento de esa promoción. Las dudas planteadas forman parte de la controversia política, pero no constituyen por sí mismas una prueba de que se hayan empleado recursos públicos.
Denuncian presunta promoción personalizada ante el IEPC
La controversia sumó otro frente el pasado miércoles, cuando representantes del partido Somos presentaron una denuncia ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) de Guerrero contra el diputado Badillo.
De acuerdo con los denunciantes, la difusión de publicidad relacionada con su segundo informe de actividades legislativas podría constituir promoción personalizada con recursos públicos y realizarse fuera de los plazos establecidos por la legislación electoral.
La denuncia solicita que la autoridad investigue el origen del financiamiento de esa publicidad y determine si existieron infracciones.
La presentación de una denuncia no implica que las conductas señaladas hayan sido acreditadas. Corresponderá al organismo electoral analizar las pruebas y resolver si procede alguna medida o sanción.
Una disputa que se proyecta hacia 2027
La participación de Badillo en el proceso interno de Morena ha intensificado el debate sobre los límites entre las funciones legislativas y las aspiraciones políticas en Acapulco.
Mientras la oposición exige que deje la presidencia de la Jucopo para evitar posibles ventajas derivadas de su posición, el diputado sostiene que la convocatoria partidista no lo obliga a solicitar licencia.
A las diferencias políticas se añaden las denuncias sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos legislativos y la promoción de su imagen, asuntos que requieren revisión documental y, en su caso, resoluciones de las autoridades competentes.
El desarrollo de las investigaciones y la interpretación de las normas electorales serán determinantes para establecer si existieron infracciones y qué consecuencias podrían derivarse para el legislador.