Con 312 votos a favor y 119 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general cambios al Código Penal Federal y a la legislación de propiedad industrial. La propuesta contempla penas de hasta 10 años de prisión por distribuir contenidos protegidos sin autorización antes de su lanzamiento, además de nuevas medidas para reparar los daños a los titulares de derechos.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general una reforma para reforzar la protección penal de la propiedad intelectual en México, con nuevas sanciones contra la falsificación de marcas, la piratería y la distribución ilegal de obras protegidas por derechos de autor.
El dictamen, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, recibió 312 votos a favor y 119 en contra, sin abstenciones. La iniciativa modifica diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con el propósito de actualizar el marco jurídico mexicano y armonizarlo con los compromisos internacionales del país.
Hasta 10 años de prisión por distribuir obras antes de su estreno
Entre los cambios más relevantes se encuentra el endurecimiento de las sanciones contra quienes divulguen, distribuyan o comercialicen, sin autorización, obras, libros, fonogramas o videogramas antes de su lanzamiento oficial.
De acuerdo con el dictamen, estas conductas podrán castigarse con penas de cuatro a diez años de prisión, además de multas de hasta 20 mil días de salario mínimo, según la descripción de la propuesta.
La reforma también contempla sanciones para quienes evadan medidas tecnológicas destinadas a proteger obras y contenidos digitales, fabriquen dispositivos para vulnerarlas o alteren información relacionada con la gestión de los derechos de autor.
Con estas disposiciones, se busca ampliar las herramientas legales para enfrentar prácticas que afectan tanto a creadores y titulares de derechos como a las industrias culturales y de entretenimiento.
Indemnizaciones para reparar el daño
Otro de los ejes de la reforma es el fortalecimiento de los mecanismos de reparación del daño a las víctimas de infracciones a la propiedad intelectual.
El dictamen establece que la indemnización no podrá ser inferior al 40 por ciento del precio de venta al público del producto o servicio legítimo afectado. También contempla la posibilidad de optar por compensaciones de entre 340 y 50 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), de acuerdo con las condiciones y la gravedad del perjuicio.
La intención es establecer mecanismos económicos para resarcir las afectaciones ocasionadas por la comercialización de productos falsificados o el uso no autorizado de contenidos protegidos.
Nuevas reglas contra la falsificación a escala comercial
La propuesta incorpora el concepto de “escala comercial”, con el que se busca facilitar la persecución de actividades ilícitas vinculadas con la obtención de beneficios económicos mediante la venta, distribución o almacenamiento de productos falsificados.
Asimismo, plantea eliminar el requisito de una denuncia previa por parte de los titulares de los derechos para que las autoridades puedan actuar ante casos de falsificación de marcas a escala comercial. De esta manera, esos delitos podrían perseguirse de oficio.
El cambio busca permitir una intervención más directa de las autoridades cuando las conductas ilícitas alcancen una dimensión comercial, sin depender necesariamente de una denuncia inicial de la persona o empresa afectada.
Castigos por suplantar la identidad de instituciones públicas
El proyecto también crea un nuevo delito relacionado con el uso o la imitación de identidades gráficas, dominios electrónicos y documentos oficiales de instituciones públicas con fines de engaño.
Las personas responsables de estas prácticas podrían enfrentar hasta cinco años de prisión y multas de hasta 10 mil UMA.
La disposición busca sancionar conductas que utilizan elementos de identidad institucional para generar confusión o aparentar una vinculación oficial, aunque la aplicación de las sanciones dependerá de los supuestos que finalmente queden establecidos en la legislación.
Continúa la discusión legislativa
Tras la aprobación en lo general, el pleno de la Cámara de Diputados continuó con la discusión en lo particular, durante la cual se analizarían las reservas presentadas por legisladores a distintos artículos del dictamen.
Por ello, la aprobación en lo general no representa por sí sola la conclusión de todo el procedimiento legislativo. El alcance definitivo de las modificaciones dependerá del resultado de la discusión en lo particular y de las etapas posteriores que correspondan.
De concretarse en sus términos, la reforma reforzaría las herramientas penales para combatir la piratería, proteger los derechos de autor y enfrentar la falsificación de marcas en México.