El Comité contra la Desaparición Forzada advirtió que la impunidad, el aumento de personas desaparecidas y los cuerpos sin identificar siguen siendo desafíos para el país. El Gobierno mexicano, por su parte, reportó la localización de más de 16 mil personas durante 2026 y reiteró su disposición a colaborar con organismos internacionales.
La crisis de desapariciones en México volvió al centro de la agenda internacional luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llamara a fortalecer la cooperación con el país para mejorar las labores de búsqueda, identificación humana e investigación, así como la atención a las víctimas y sus familias.
Durante la presentación de un informe ante la Asamblea General de la ONU, el presidente del comité, Juan Pablo Albán Alencastro, reconoció los avances institucionales registrados en México durante los últimos años, entre ellos la creación de comisiones de búsqueda, fiscalías especializadas y mecanismos de apoyo para familiares de personas desaparecidas.
Sin embargo, advirtió que la magnitud del problema requiere mayores recursos, incorporación de nuevas tecnologías y respaldo internacional para fortalecer las capacidades de las instituciones responsables de atender estos casos.
Impunidad y falta de identificación, entre los principales desafíos
El organismo internacional señaló que las desapariciones continúan siendo uno de los principales retos de derechos humanos en México. Entre los obstáculos para atender la crisis destacó la impunidad, que dificulta el acceso a la justicia y prolonga la incertidumbre de miles de familias.
El informe también alertó sobre el incremento de las cifras de personas desaparecidas y de cuerpos que permanecen sin identificar. Aunque el crimen organizado aparece como uno de los principales responsables de estos delitos, el comité indicó que también se han documentado casos con participación o tolerancia de autoridades locales.
Este escenario evidencia la necesidad de fortalecer las investigaciones, mejorar los procesos de identificación forense y garantizar que las familias reciban información oportuna sobre el paradero de sus seres queridos.
¿Por qué intervino la Asamblea General de la ONU?
En abril de 2025, el Comité contra la Desaparición Forzada activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para que la Asamblea General examinara la situación de México.
Este mecanismo permite llevar ante la Asamblea General indicios de desapariciones forzadas de carácter generalizado o sistemático y promover la cooperación internacional para atender la situación.
El comité precisó que la medida busca impulsar el apoyo y la colaboración entre países y organismos especializados, no establecer por sí misma responsabilidades contra el Estado mexicano.
La activación del artículo colocó la crisis mexicana bajo una atención internacional más amplia y abrió un espacio para discutir las medidas necesarias para mejorar la búsqueda de personas, la identificación de restos humanos y el acceso a la justicia.
Gobierno de México reporta más de 16 mil personas localizadas
Frente a los señalamientos del organismo internacional, el Gobierno de México defendió las acciones emprendidas para atender la problemática y destacó que durante 2026 se ha logrado localizar a más de 16 mil personas desaparecidas.
Asimismo, reiteró su disposición a mantener la colaboración con organismos internacionales para fortalecer las estrategias de búsqueda, identificación humana e investigación de los casos.
El dato de personas localizadas constituye uno de los indicadores presentados por el Gobierno para mostrar avances en la atención del fenómeno. No obstante, para dimensionar los resultados es importante distinguir entre personas localizadas con vida, personas fallecidas identificadas y casos que permanecen abiertos, así como conocer el periodo y la metodología utilizados para contabilizarlos.
Una crisis que exige coordinación y resultados
El intercambio entre la ONU y el Estado mexicano refleja la complejidad de una crisis que involucra a autoridades de distintos niveles, servicios forenses, organizaciones de la sociedad civil y colectivos de familiares.
Aunque el país ha desarrollado instituciones y mecanismos especializados, los desafíos señalados por el comité mantienen en primer plano la necesidad de mejorar la capacidad de búsqueda, combatir la impunidad y acelerar la identificación de personas fallecidas.
Para las familias, el reto no se limita a contar con nuevas instituciones o recursos, sino a obtener respuestas verificables sobre el paradero de sus seres queridos y acceder a la justicia.
La cooperación internacional, el fortalecimiento de las investigaciones y la coordinación entre autoridades serán fundamentales para transformar los avances institucionales reportados en resultados concretos para las víctimas y sus familias.