El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado defendió la legislación aprobada el 20 de octubre. Mientras Morena sostiene que ayudará a combatir operaciones ilícitas y ampliar la inclusión financiera, la oposición advierte sobre posibles costos adicionales para comerciantes y consumidores.
La digitalización de los pagos en México abrió un nuevo debate sobre seguridad financiera, fiscalización y el futuro del efectivo. Ante las críticas a la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, el senador Ignacio Mier Velazco aseguró que la legislación busca cerrar espacios al crimen organizado y combatir el lavado de dinero, sin obligar a las familias mexicanas a abandonar el uso de monedas y billetes.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado y legislador de Morena defendió el ordenamiento, aprobado por la Cámara alta el pasado 20 de octubre, y rechazó las versiones que advierten sobre la desaparición de los pagos en efectivo.
“La ley no busca perjudicar al pueblo de México, sino combatir a quienes lavan dinero, evaden impuestos y se aprovechan de los vacíos legales para realizar operaciones ilegales”, sostuvo.
El efectivo seguirá en los comercios, afirma Mier
Mier Velazco explicó que pequeños comercios, mercados populares, carnicerías, tiendas de abarrotes y vendedores ambulantes podrán continuar aceptando efectivo. Por ello, consideró incorrecto afirmar que todas las transacciones deberán realizarse obligatoriamente mediante tarjetas o transferencias electrónicas.
El senador sostuvo que las medidas de control están dirigidas principalmente a quienes utilizan mecanismos financieros para ocultar recursos de procedencia ilícita. También acusó a los críticos de difundir información equivocada que, a su juicio, genera incertidumbre entre la población.
Sin embargo, la legislación contempla distintas modalidades de pago electrónico y faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar los sectores estratégicos en los que podrán establecerse requisitos específicos de digitalización. Este punto ha generado inquietudes sobre las obligaciones que podrían enfrentar comerciantes y consumidores.
Inclusión financiera: uno de los objetivos
Además de fortalecer la vigilancia de las operaciones financieras, el coordinador parlamentario afirmó que la digitalización puede ampliar el acceso a servicios bancarios, especialmente entre mujeres, habitantes de comunidades rurales y personas que históricamente han tenido dificultades para incorporarse al sistema financiero.
De acuerdo con su planteamiento, una mayor inclusión podría facilitar el acceso al ahorro, los créditos, los seguros y el financiamiento para actividades productivas. También contribuiría a la formalización de micro y pequeñas empresas.
Entre los beneficios que sus promotores atribuyen a los pagos digitales se encuentran la reducción de costos de transacción, la agilización de operaciones y una mayor transparencia en los movimientos financieros.
Comerciantes y consumidores, ante los retos de la digitalización
Desde la oposición se han expresado preocupaciones sobre los posibles efectos de la legislación. Entre los riesgos señalados están los gastos adicionales por contratación de internet, adquisición de terminales bancarias y pago de comisiones, así como las dificultades que podrían enfrentar las personas sin acceso a herramientas digitales.
Estas inquietudes colocan en el centro de la discusión la manera en que se aplicarán los requisitos de digitalización y las condiciones que tendrán que cumplir los establecimientos, particularmente los pequeños negocios y aquellos ubicados en comunidades con conectividad limitada.
Frente a estos cuestionamientos, Mier Velazco insistió en que modernizar los sistemas de pago no debe interpretarse como una medida contra la economía popular, sino como una vía para ampliar las oportunidades económicas y fortalecer la supervisión de las operaciones financieras.
La aplicación será clave para medir sus resultados
La capacidad de la nueva legislación para combatir el lavado de dinero y la evasión fiscal dependerá de su implementación, de los mecanismos de supervisión y de la coordinación entre las autoridades financieras y las instituciones encargadas de investigar las operaciones ilícitas.
El reto será encontrar un equilibrio entre una mayor trazabilidad de los recursos, la inclusión financiera y la protección de quienes dependen del efectivo para sus actividades cotidianas.
Mier Velazco reiteró que el objetivo es avanzar hacia una economía moderna e incluyente sin afectar las transacciones habituales de millones de mexicanos. El alcance real de ese propósito dependerá de cómo se traduzcan las disposiciones legales en obligaciones concretas para empresas, comercios y consumidores.