La consejera electoral señaló que el Consejo General podría analizar la separación de funcionarios designados unilateralmente y pidió investigar los señalamientos contra la presidencia del Instituto, fortalecer la rendición de cuentas y determinar posibles responsabilidades.
La salida de Guadalupe Taddei Zavala de la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la organización interna del organismo y las facultades para designar a sus principales funcionarios.
La consejera Carla Humphrey consideró que el Consejo General podría analizar la posibilidad de solicitar la separación de algunos funcionarios nombrados unilateralmente por Taddei, al amparo de las atribuciones que le otorgó una reforma impulsada por Morena.
Humphrey aclaró que la propuesta todavía no se había discutido formalmente entre los integrantes del máximo órgano de dirección del Instituto.
“Nosotros veríamos las posibilidades que como Consejo General podríamos en su caso solicitar, pues que se separen de estos cargos, pero es algo que aún no hemos platicado”, declaró.
Humphrey cuestiona la falta de colegialidad
La consejera sostuvo que la reforma que amplió las facultades de la presidencia del INE debilitó la toma de decisiones colegiadas, al permitir que se realizaran nombramientos sin una participación efectiva del resto de los consejeros.
Como ejemplo, afirmó que en alrededor del 90 por ciento de los casos los integrantes del Consejo General desconocían a las personas designadas, sus trayectorias profesionales o sus antecedentes.
“Ni siquiera sabíamos quiénes eran, no les conocíamos ni la cara, no sabíamos su currículum”, señaló al describir la forma en que, según su testimonio, se enteraban de algunas designaciones mediante oficios oficiales.
Humphrey también responsabilizó a los legisladores que aprobaron la reforma de las consecuencias que, a su juicio, tuvo sobre la colegialidad del organismo, por lo que llamó a revisar y revertir esos cambios.
¿Qué sigue para el INE tras la salida de Taddei?
Mientras se define la sucesión en la presidencia del Instituto, los consejeros electorales analizan la ruta institucional para designar a quien ocupará provisionalmente el cargo, de acuerdo con la información proporcionada.
Para Humphrey, uno de los primeros pasos debe ser esclarecer los señalamientos relacionados con la gestión de Taddei y garantizar que la ciudadanía tenga acceso a información suficiente sobre las actuaciones del organismo.
La consejera planteó abrir investigaciones internas y valorar la intervención de instancias externas, incluida la Auditoría Superior de la Federación, así como la posibilidad de recurrir a auditorías independientes para conocer el alcance de las presuntas irregularidades.
“Es gravísimo que una autoridad del Estado mexicano de este calibre, que es ejemplo a nivel internacional, tenga estos cuestionamientos”, expresó.
Añadió que corresponde a las autoridades competentes investigar los hechos, determinar si existen responsabilidades y, en su caso, establecer las sanciones que procedan.
Investigación y rendición de cuentas, en el centro del debate
Las declaraciones de Humphrey colocan sobre la mesa dos asuntos distintos: la revisión de las facultades de la presidencia del INE para realizar nombramientos y el esclarecimiento de los señalamientos sobre la administración del organismo.
Ambos temas tienen implicaciones para el funcionamiento interno del Instituto y la confianza pública en la autoridad electoral. Sin embargo, las acusaciones mencionadas deberán ser investigadas y acreditadas por las instancias correspondientes antes de atribuir responsabilidades.
La eventual revisión de los nombramientos también dependerá de las facultades legales del Consejo General y de los procedimientos aplicables, por lo que no implica que los funcionarios señalados deban dejar sus cargos de manera automática.
El proceso que se abra tras la salida de Taddei será determinante para establecer cómo se conducirá la transición en la presidencia del INE y qué medidas se adoptarán para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones colegiadas.