Arturo Castillo consideró que las presuntas irregularidades en la asignación de contratos podrían configurar delitos como enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones. Señaló que corresponderá a la FGR determinar si existen elementos para iniciar una investigación.
Los señalamientos de presunta corrupción relacionados con la gestión de la ex consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, podrían derivar en delitos graves e incluso ameritar prisión preventiva oficiosa, sostuvo el consejero electoral Arturo Castillo.
El funcionario indicó que los hechos difundidos en medios de comunicación sobre posibles irregularidades en la asignación de contratos a un proveedor podrían configurar delitos como enriquecimiento ilícito y uso abusivo de funciones. Sin embargo, subrayó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la instancia encargada de determinar si existen elementos para investigar y establecer posibles responsabilidades.
Consultado este jueves sobre las medidas que adoptarán los integrantes del Consejo General tras la salida de Taddei y de otros 15 funcionarios del organismo, Castillo consideró que los hechos denunciados deben ser revisados por las autoridades competentes.
“Los hechos que se han acusado en medios de comunicación podrían llegar a constituir delitos graves que se persiguen de oficio y que, en términos del artículo 19 de la Constitución, podrían incluso ameritar prisión preventiva oficiosa”, expresó.
El consejero agregó que, desde su perspectiva, el caso podría ser uno de los supuestos en los que debería analizarse la aplicación de esa medida cautelar. No obstante, cualquier determinación dependerá de las investigaciones y de las resoluciones judiciales correspondientes.
Revisarán contratos y licitaciones del instituto
Ante la controversia, Castillo informó que los consejeros acordaron revisar los contratos y procedimientos de licitación del INE, incluidos aquellos que permanecen vigentes.
Entre los procesos que serán examinados mencionó el relacionado con la producción de la credencial para votar, uno de los servicios fundamentales para el funcionamiento del organismo y la organización de los procesos electorales.
El consejero aseguró que se tomarán las medidas necesarias para proteger la operación institucional y garantizar el desarrollo de las próximas actividades electorales, mientras se revisan las posibles irregularidades.
Preparan mecanismo para recibir denuncias anónimas
Castillo también dio a conocer que los integrantes del Consejo General acordaron impulsar acciones para avanzar en la depuración interna del instituto y fortalecer los mecanismos de vigilancia.
Explicó que, además de colaborar con las instituciones encargadas de realizar auditorías, pondrán en marcha medidas concretas para detectar posibles irregularidades.
Una de ellas será la habilitación de un buzón que permita a los trabajadores del INE presentar denuncias de manera anónima sobre hechos que consideren indebidos dentro de la institución.
Las revisiones de contratos, las auditorías y el nuevo mecanismo de denuncia forman parte de las acciones anunciadas por los consejeros tras la salida de Taddei y de otros funcionarios.
Por ahora, los señalamientos contra la ex consejera presidenta no constituyen una determinación de responsabilidad penal. La eventual existencia de delitos y la aplicación de medidas cautelares deberán establecerse mediante las investigaciones de la FGR y los procedimientos judiciales correspondientes.