La medida abarca territorios ubicados entre Laredo y McAllen cuya propiedad, según autoridades texanas, no está definida. México pidió respetar el Tratado de Límites de 1970 y las facultades de la Comisión Internacional de Límites y Aguas.
Una nueva controversia por la delimitación fronteriza entre México y Estados Unidos surgió luego de que el Gobierno de Texas reclamara nueve territorios insulares del Río Bravo y autorizara el ingreso de fuerzas estatales de seguridad para realizar labores de limpieza y patrullaje.
De acuerdo con información publicada por El País, la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, notificó al Departamento Militar y al Departamento de Seguridad Pública del estado que podían acceder a esas islas, ubicadas en el tramo comprendido entre Laredo y McAllen.
La decisión respondió a una solicitud de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), que identificó 28 islas cuya titularidad, según la dependencia texana, no estaba establecida. La autoridad estatal sostuvo que la incertidumbre sobre la propiedad había dificultado el acceso de las corporaciones de seguridad a esos terrenos.
Sin embargo, la controversia no se limita a determinar quién es propietario de las superficies. También involucra la delimitación internacional del cauce del Río Bravo y las atribuciones de los organismos binacionales encargados de resolver este tipo de asuntos.
México invoca el Tratado de Límites de 1970
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) señaló que el Tratado de Límites de 1970 establece que la frontera entre ambos países sigue el centro del cauce normal del río y que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la instancia facultada para determinar el límite internacional.
La Cancillería también indicó que cualquier obra o intervención en las islas debe ser considerada y aprobada por las secciones mexicana y estadounidense de la Comisión.
La postura mexicana busca que las autoridades texanas respeten los mecanismos establecidos en los acuerdos internacionales, especialmente cuando las acciones sobre los terrenos pueden tener consecuencias en la delimitación fronteriza.
Por su parte, la Oficina General de Tierras de Texas afirmó que realizó una revisión de mapas históricos, levantamientos topográficos, fotografías aéreas y registros geográficos para establecer la titularidad de los terrenos.
La comisionada Buckingham justificó la decisión al señalar que la falta de certeza sobre la propiedad había limitado las labores de las corporaciones estatales. No obstante, el oficio también reconoce que no se han confirmado actividades delictivas en estas nueve islas. La funcionaria recurrió a antecedentes de otros territorios fronterizos que, según su argumento, habrían sido utilizados por cárteles y grupos dedicados al contrabando.
Especialistas advierten sobre las facultades de Texas
La controversia también generó cuestionamientos sobre la competencia de las autoridades estatales para intervenir en terrenos vinculados con la frontera internacional.
Rosario Sánchez, directora de la organización Aguas Binacionales, explicó que las decisiones relacionadas con los límites internacionales y las aguas federales no corresponden a los gobiernos estatales.
La especialista señaló que la CILA debe analizar las modificaciones naturales del cauce provocadas por procesos como la erosión, la sedimentación y las inundaciones, así como determinar sus posibles efectos en la ubicación de la frontera.
Por su parte, Gabriel Eckstein, especialista en derecho del agua de la Universidad de Texas A&M, advirtió que el caso también puede involucrar una disputa sobre la propiedad de los terrenos dentro de Estados Unidos: es decir, si pertenecen al estado de Texas o al gobierno federal.
El académico cuestionó que las islas puedan considerarse terrenos sin propietario, pues existen tratados internacionales que establecen los límites y los mecanismos para determinar su titularidad.
El antecedente de la isla Fronton
La decisión de Texas tiene como antecedente la intervención en la isla Fronton, un territorio de aproximadamente 170 acres ubicado en el condado de Starr.
En 2023, el Gobierno texano declaró que la isla era propiedad estatal. Posteriormente, durante la operación Flat Top, fuerzas militares y de seguridad retiraron la vegetación del lugar como parte de las acciones fronterizas.
Según El País, esa determinación continúa bajo revisión de la CILA, lo que mantiene vigente el debate sobre las atribuciones de las autoridades texanas y los procedimientos binacionales para definir la propiedad y los límites en el Río Bravo.
El nuevo reclamo sobre nueve territorios insulares vuelve a poner a prueba los mecanismos de cooperación entre México y Estados Unidos. Mientras Texas argumenta que necesita certeza jurídica para facilitar las labores de seguridad, México sostiene que cualquier intervención debe sujetarse a los tratados internacionales y a las decisiones de la comisión binacional competente.