El monto equivale aproximadamente al 0.01% de los más de 20 mil millones de pesos en recursos federales revisados. La Secretaría Anticorrupción destaca una reducción frente a los ejercicios anteriores y reporta 47 denuncias, 247 sanciones administrativas y más de 100 expedientes por presuntas faltas graves.
El Gobierno de Tamaulipas, encabezado por Américo Villarreal Anaya, reportó una disminución sostenida en los montos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante la revisión del ejercicio de recursos públicos. De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno del estado, en la segunda entrega de informes de la Cuenta Pública 2025 se registraron observaciones preliminares por alrededor de tres millones de pesos.
La cifra representa aproximadamente el 0.01% de los más de 20 mil millones de pesos en recursos federales revisados, según los datos presentados por la dependencia estatal.
Norma Angélica Pedraza Melo, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, señaló que estos resultados reflejan una reducción significativa en comparación con los ejercicios fiscales de la administración estatal anterior, cuando, aseguró, los montos observados superaban los mil millones de pesos.
“Es un resultado muy bueno, es prácticamente el 0.01% de monto observado al gobierno del Estado en todas las auditorías que se nos están haciendo en la segunda entrega”, expresó.
Disminuyen los montos observados durante la actual administración
La funcionaria explicó que la tendencia a la baja también se refleja en las cuentas públicas de los últimos ejercicios. Detalló que en 2023 se registraron observaciones por 14 millones de pesos, mientras que en 2024 el monto descendió a 10 millones 800 mil pesos.
Para la revisión de 2025, la cantidad reportada hasta la segunda entrega es de aproximadamente tres millones de pesos. Esta diferencia representa una reducción cercana al 79% respecto de lo observado en 2023.
“Eso es un excelente, un excelente resultado. Y te digo, comparado con las cuentas públicas de la administración pasada, que eran observadas por arriba de los mil millones de pesos”, señaló Pedraza Melo en entrevista.
La secretaria precisó que las observaciones identificadas en esta etapa se concentran en recursos vinculados con el sector educativo. También aclaró que la revisión de la Cuenta Pública 2025 todavía no concluye y que los montos señalados entrarán en el periodo de solventación, durante el cual las dependencias pueden presentar documentación y aclaraciones ante la autoridad fiscalizadora.
Por ello, los tres millones de pesos corresponden a observaciones preliminares y no constituyen necesariamente un daño patrimonial ni una cantidad que deba reintegrarse.
La revisión definitiva concluirá en febrero de 2027
Pedraza Melo explicó que la fiscalización de las cuentas públicas se desarrolla durante el año posterior al ejercicio de los recursos. El procedimiento contempla tres entregas de informes: la primera en junio, la segunda en octubre y la tercera en febrero del año siguiente.
En consecuencia, la revisión de los recursos correspondientes a 2025 concluirá en febrero de 2027, cuando se conozcan los resultados definitivos de las auditorías.
La funcionaria recordó que los informes podrán consultarse públicamente una vez que la ASF los presente ante la Cámara de Diputados.
Secretaría reporta 47 denuncias y 247 sanciones
Además de los resultados de fiscalización, la titular de la dependencia informó sobre las acciones emprendidas en materia de investigación y sanción administrativa.
Señaló que la Secretaría Anticorrupción ha presentado 47 denuncias ante las fiscalías locales y que alrededor del 90% de los asuntos turnados a las instancias competentes corresponde a hechos relacionados con la administración estatal anterior.
Explicó que las autoridades investigadoras dan prioridad a los expedientes cuyos plazos de prescripción están próximos a cumplirse, con el propósito de que los procedimientos se desarrollen dentro de los términos establecidos por la ley.
Asimismo, informó que la dependencia ha emitido 247 sanciones por faltas administrativas no graves y ha turnado más de 100 expedientes por presuntas faltas graves al Tribunal de Justicia Administrativa, instancia encargada de resolver esos procedimientos y determinar, en su caso, las sanciones correspondientes.
Pedraza Melo subrayó que tanto las investigaciones como los procedimientos sancionadores deben respetar el debido proceso y garantizar los derechos de defensa de las personas involucradas.
Con estos resultados, el Gobierno estatal sostiene que ha fortalecido sus mecanismos de control, fiscalización y rendición de cuentas. Sin embargo, el balance definitivo sobre los recursos federales ejercidos durante 2025 dependerá de la conclusión de las auditorías y de las aclaraciones que presenten las dependencias observadas.