Empleados del PJF bloquearon edificios en la Ciudad de México y otras entidades para rechazar los criterios de evaluación del Órgano de Administración Judicial. El organismo aseguró que el primer examen, programado para diciembre, será únicamente diagnóstico y no tendrá consecuencias laborales inmediatas.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) tomaron este viernes las instalaciones de distintos edificios judiciales en la Ciudad de México y otros estados del país, en rechazo al nuevo esquema de evaluación del desempeño que implementará el Órgano de Administración Judicial (OAJ).
Desde el primer minuto del día, empleados cerraron los accesos del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, donde colocaron candados en las puertas principales e instalaron un plantón para impedir el desarrollo de actividades jurisdiccionales. La movilización también se extendió a las sedes de Ajusco, Las Flores y el Edificio Prisma.
La protesta responde al acuerdo publicado el jueves 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF), mediante el cual el OAJ estableció los criterios y procedimientos para evaluar al personal de carrera judicial.
Los inconformes consideran que las nuevas disposiciones generan incertidumbre sobre la permanencia en sus puestos, particularmente entre quienes cuentan con años de antigüedad y experiencia dentro de la institución.
Uno de los principales puntos de desacuerdo es la distribución de la calificación: el examen de conocimientos tendrá un valor de 40 por ciento, mientras que el 60 por ciento restante dependerá de otros factores relacionados con el desempeño, la productividad y las valoraciones de superiores jerárquicos y compañeros de trabajo.
Para los trabajadores, este modelo podría abrir espacio a evaluaciones subjetivas y convertirse en un mecanismo de presión laboral, debido al peso que tendrán las opiniones de los titulares de juzgados y tribunales en la calificación de sus colaboradores. También cuestionan que deban presentar nuevamente pruebas después de haber acreditado procesos de selección y promoción para obtener sus plazas.
Protestas en más de 16 estados
La movilización fue convocada por trabajadores de distintas entidades y contempla la suspensión de actividades en más de 16 estados. En la Ciudad de México, los manifestantes anunciaron que mantendrán guardias en los accesos de los edificios tomados.
En el complejo de San Lázaro, señalaron que permitirán únicamente el ingreso de personal de seguridad, trabajadores encargados de servicios indispensables y usuarios de la guardería que opera en las instalaciones.
Patricia Aguayo, vocera de los trabajadores, explicó que el objetivo del movimiento es exigir que el OAJ deje sin efectos el acuerdo y establezca un mecanismo de evaluación que priorice la capacitación y el mejoramiento del servicio público, sin poner en riesgo los derechos laborales del personal.
OAJ asegura que la primera evaluación será diagnóstica
Ante las inconformidades, el Órgano de Administración Judicial informó este viernes que la primera evaluación, prevista para diciembre de 2026, tendrá un carácter exclusivamente diagnóstico. Por lo tanto, no habrá calificaciones de aprobación o reprobación ni consecuencias inmediatas sobre la permanencia laboral o las plazas de los trabajadores.
El organismo explicó que esta etapa busca identificar fortalezas y áreas de oportunidad para diseñar programas de capacitación y fortalecer el desempeño de quienes integran la carrera judicial.
Asimismo, reconoció el derecho de los empleados a manifestarse y expresó su disposición a mantener el diálogo para atender sus inquietudes.
De acuerdo con el calendario establecido, los exámenes se aplicarán en distintas fechas, según la función que desempeñe el personal: el 4 de diciembre para secretarios, el día 8 para actuarios y el 14 y 15 del mismo mes para oficiales judiciales.
La diferencia entre la preocupación de los trabajadores y la postura institucional mantiene abierto el conflicto. Mientras los primeros exigen garantías sobre sus derechos y estabilidad laboral, el OAJ sostiene que la evaluación inicial no tendrá efectos sancionadores y servirá como punto de partida para fortalecer la capacitación dentro del Poder Judicial.