Rubén Moreira impulsó una reserva al Presupuesto de Egresos de 2027 para obligar a las instituciones federales de salud a devolver el dinero a quienes adquieran sus medicinas con recursos propios. La propuesta, presentada por Nadia Navarro, fue rechazada por diputados de Morena.
Ante las dificultades que enfrentan pacientes para conseguir medicamentos en hospitales y clínicas públicas, el coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, propuso establecer la obligación de que las instituciones federales de salud reembolsen el dinero a quienes deban comprar sus tratamientos por falta de suministro.
La iniciativa fue planteada mediante una reserva al artículo 34 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2027, presentada ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública por la diputada Nadia Navarro Acevedo, a nombre del legislador priista. De acuerdo con el comunicado del partido, la propuesta no obtuvo el respaldo de Morena.
El planteamiento establece que, cuando las instituciones públicas federales de salud no proporcionen los medicamentos prescritos por personal médico autorizado y los pacientes tengan que adquirirlos con sus propios recursos, las dependencias responsables deberán devolver el importe efectivamente pagado, con cargo a sus presupuestos autorizados para 2027.
Para hacer efectivo este mecanismo, la Secretaría de Salud tendría que coordinarse con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS-Bienestar, a fin de establecer procedimientos gratuitos, sencillos y accesibles.
La propuesta contempla que los pacientes puedan acreditar tanto la prescripción médica como el gasto realizado, sin enfrentar trámites administrativos excesivos. Además, fija un plazo máximo de cinco días hábiles para efectuar el reembolso, contado a partir de la presentación de la solicitud.
En la exposición de motivos, Moreira argumentó que las deficiencias en la planeación, adquisición y distribución de medicamentos han provocado afectaciones a millones de personas. Como referencia, mencionó cifras del IMSS según las cuales durante 2024 no se entregaron oportunamente 4 millones 681 mil 871 recetas, equivalentes al 2.2 por ciento del total emitido.
También señaló que la Auditoría Superior de la Federación identificó irregularidades y deficiencias en las compras consolidadas de medicamentos correspondientes a 2021, así como problemas de suministro en el IMSS y el ISSSTE.
Durante la presentación de la reserva, Nadia Navarro sostuvo que la medida busca evitar que las familias tengan que asumir con sus ingresos el costo de medicamentos que deberían recibir mediante los servicios públicos de salud. La legisladora pidió a las distintas fuerzas políticas respaldar la propuesta y utilizar las facultades presupuestarias de la Cámara de Diputados para atender esta problemática.
En su intervención, también cuestionó la viabilidad financiera del proyecto de Servicio Universal de Salud. Advirtió que el presupuesto no contempla recursos del programa correspondiente al IMSS y señaló que el Seguro de Enfermedades y Maternidad del instituto registra un déficit de 151 mil 127 millones de pesos.
Navarro planteó que la ampliación de los servicios médicos requiere un esquema financiero definido, especialmente cuando las instituciones enfrentan dificultades operativas y de suministro. A su juicio, la falta de medicamentos continúa repercutiendo directamente en la atención que reciben los pacientes y en la economía de sus hogares.
La propuesta del PRI busca establecer una vía para que quienes deban comprar sus medicinas ante la falta de existencias puedan recuperar el dinero desembolsado. Sus promotores sostienen que el derecho a la salud debe acompañarse de mecanismos que permitan exigir respuestas a las instituciones responsables del suministro.