Más de 5 mil empleados de los módulos de atención ciudadana podrían suspender actividades el próximo lunes 9 de noviembre si las autoridades electorales no atienden su demanda de un aumento salarial del 25 por ciento. La protesta afectaría alrededor de 800 módulos en el país.
La inconformidad entre el personal de los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) va en aumento. Trabajadores denunciaron bajos salarios, falta de insumos, equipos deteriorados y condiciones laborales precarias, por lo que advirtieron que podrían iniciar un paro nacional el próximo lunes 9 de noviembre si no alcanzan un acuerdo con las autoridades del organismo.
Edgar Fernández, empleado de estos módulos, expuso las dificultades que enfrenta el personal operativo y aseguró que las percepciones actuales resultan insuficientes frente a las responsabilidades que desempeñan. Durante una entrevista radiofónica, indicó que reciben aproximadamente 4 mil 800 pesos por quincena.
De acuerdo con su testimonio, las gestiones para obtener un incremento salarial comenzaron en diciembre de 2025, cuando solicitaron un aumento del 25 por ciento y buscaron un acercamiento con la entonces consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, sin conseguir una respuesta favorable.
Las conversaciones se retomaron en mayo de 2026 con Claudia Espino; sin embargo, después de una revisión presupuestal, se les comunicó que no había recursos disponibles para autorizar el incremento.
Ante la falta de avances, los empleados hicieron un llamado al Consejo General del INE para que intervenga y abra una negociación que permita atender sus demandas y evitar la suspensión de actividades.
Fernández advirtió que, de no concretarse un acuerdo, más de 5 mil trabajadores podrían detener labores en aproximadamente 800 módulos distribuidos en el territorio nacional. Esto afectaría los trámites de expedición, renovación y reposición de credenciales para votar.
Denuncian carencias en los centros de atención
Las inconformidades no se limitan a las percepciones económicas. El personal también señaló deficiencias en las condiciones cotidianas de trabajo, entre ellas la falta de organización para otorgar vacaciones y el tiempo reducido para tomar alimentos, que —según Fernández— es de apenas 12 minutos.
A estas situaciones se suman la escasez de materiales, computadoras y periféricos en malas condiciones, así como teclados que han dejado de funcionar. Los trabajadores también deben realizar labores de limpieza en sus espacios y, de acuerdo con la denuncia, los módulos carecen de personal de vigilancia para brindar seguridad tanto a empleados como a ciudadanos.
El trabajador cuestionó la distribución de los recursos del organismo electoral y señaló que los ajustes presupuestales aprobados por la Cámara de Diputados han limitado la disponibilidad de fondos. También mencionó una reducción de 5 mil millones de pesos contemplada para 2027, cifra que, según su planteamiento, dificulta mejorar las condiciones del personal operativo.
En este contexto, consideró contradictorio que no existan recursos para atender las necesidades de quienes representan el primer contacto del instituto con la ciudadanía, mientras persisten cuestionamientos públicos sobre el manejo de contratos y recursos dentro del organismo.
Exigen diálogo y respuestas del Consejo General
Fernández también hizo referencia a los señalamientos de presuntas irregularidades en la asignación de contratos millonarios a empresas vinculadas con José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas durante la gestión de Guadalupe Taddei. Estas acusaciones, que han generado cuestionamientos sobre el manejo de recursos del INE, fueron mencionadas por el trabajador como parte de su inconformidad.
Por ahora, el personal mantiene su exigencia de diálogo con las autoridades electorales y espera una respuesta a sus demandas salariales y laborales. Sin embargo, advirtió que, si no se alcanza un acuerdo, el paro nacional podría comenzar el lunes 9 de noviembre.
La eventual suspensión de actividades tendría consecuencias directas para miles de ciudadanos que necesitan tramitar, renovar o reponer su credencial para votar, por lo que el conflicto coloca al Consejo General del INE ante la necesidad de atender las demandas del personal sin afectar la prestación de los servicios.