El republicano Thomas Massie presentó una resolución para destituir al secretario de Defensa por presuntas violaciones a la ley en operaciones militares en Irán, Yemen y Venezuela, así como por ataques contra embarcaciones y represalias contra un senador. La Cámara de Representantes votó remitir la propuesta a comisión, lo que frenó su avance inmediato.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, enfrenta una ofensiva política por su conducción de operaciones militares y el presunto uso indebido de las facultades del Pentágono, luego de que el congresista republicano Thomas Massie presentara una resolución con ocho artículos de juicio político en su contra.
La iniciativa, de 34 páginas, acusa al funcionario de cometer presuntas faltas graves y abusos en el ejercicio de sus responsabilidades, principalmente por decisiones relacionadas con los conflictos en Irán y Yemen, la intervención estadounidense en Venezuela y los ataques contra embarcaciones señaladas por Washington como vinculadas con el narcotráfico.
Entre los señalamientos figuran tres acusaciones relacionadas con las operaciones militares contra Irán, al considerar que Hegseth habría dirigido y mantenido acciones bélicas sin una autorización formal del Congreso y más allá del plazo de 60 días establecido por la Ley de Poderes de Guerra de 1973.
Otro de los artículos cuestiona la presunta eliminación o debilitamiento de mecanismos del Departamento de Defensa destinados a reducir las bajas civiles durante las operaciones militares. La resolución relaciona estas decisiones con un ataque contra una escuela en Minab, Irán, que provocó la muerte de numerosos civiles, entre ellos menores de edad.
Operaciones en Venezuela, Yemen y ataques en el mar
La propuesta también incluye señalamientos por la intervención militar estadounidense que culminó con la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en enero de 2026. Massie sostiene que la operación se realizó sin autorización del Congreso y constituyó una intervención militar contra un Estado soberano.
Otro artículo cuestiona los ataques contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, cuyos ocupantes fueron señalados por el Gobierno estadounidense como presuntos integrantes de redes de narcotráfico. El congresista considera que algunas de estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, particularmente por los ataques posteriores contra sobrevivientes de embarcaciones alcanzadas.
La resolución también acusa a Hegseth de dirigir operaciones militares contra objetivos hutíes en Yemen sin contar con la autorización legislativa correspondiente y de mantener una campaña que habría provocado víctimas civiles.
A estos señalamientos se suma una acusación por presuntas represalias contra el senador demócrata Mark Kelly, después de que este participara en un mensaje público en el que recordó a integrantes de las Fuerzas Armadas que no están obligados a cumplir órdenes ilegales. El Pentágono emprendió acciones disciplinarias contra el legislador, las cuales fueron cuestionadas por sus implicaciones sobre la libertad de expresión y la supervisión del Congreso.
La Cámara frena el avance de la resolución
Aunque la iniciativa abrió un nuevo frente de confrontación política para el secretario de Defensa, su avance encontró resistencia entre los republicanos. El martes 10 de noviembre, la Cámara de Representantes votó por 211 votos contra 204 remitir la resolución a una comisión, decisión que dejó en suspenso su avance inmediato.
Massie, quien pertenece al mismo partido que Hegseth, ha cuestionado públicamente las decisiones militares de la administración de Donald Trump. Por su parte, el presidente estadounidense manifestó su respaldo al secretario de Defensa y criticó la iniciativa, mientras que Hegseth rechazó los señalamientos y calificó el procedimiento como un espectáculo político.
El episodio vuelve a colocar en el centro del debate el alcance de las facultades del Poder Ejecutivo en materia de seguridad nacional y los límites constitucionales para ordenar operaciones militares sin autorización legislativa.
Las acusaciones contenidas en la resolución no constituyen por sí mismas una determinación judicial de responsabilidad. Sin embargo, evidencian las diferencias dentro del Congreso estadounidense sobre el uso de la fuerza militar, la protección de civiles y el papel del Poder Legislativo como contrapeso de las decisiones presidenciales.