La Fiscalía paraguaya atribuye al expresidente presunta lesión de confianza y administración en provecho propio por operaciones con recursos públicos y previsionales en la entidad financiera. El proceso también involucra a otras 27 personas, entre ellas ocho exdirectivos del banco.
El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión por su presunta participación en operaciones financieras relacionadas con Ueno Bank, institución intervenida en medio de una crisis que derivó en su salida del poder y en una investigación penal.
La fiscal Verónica Valdez informó que, conforme a los delitos atribuidos actualmente al exmandatario y a la posible concurrencia de varios hechos punibles, la expectativa máxima de pena es de 15 años de privación de la libertad. Aclaró que se trata del marco penal previsto bajo las calificaciones actuales, las cuales podrían modificarse conforme avance la investigación.
La causa también comprende a otras 27 personas vinculadas con Ueno Bank y empresas relacionadas. Entre ellas figuran ocho antiguos directivos de la institución financiera, quienes podrían enfrentar penas de hasta 12 años, de acuerdo con lo señalado por el fiscal Francisco Cabrera.
Peña, de 47 años, llegó a la Presidencia en 2023. El pasado 6 de noviembre fue separado del cargo mediante un juicio político en el Senado, en el contexto de la crisis financiera de Ueno Bank y los cuestionamientos sobre sus presuntos vínculos con el conglomerado empresarial relacionado con la institución.
¿Por qué investigan al expresidente Santiago Peña?
El Ministerio Público formalizó imputaciones contra Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como supuesto autor, dentro de la causa penal relacionada con las operaciones de Ueno Bank.
De acuerdo con la investigación, el exmandatario habría intervenido en decisiones relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes cantidades de recursos pertenecientes a instituciones públicas y entidades previsionales en el banco.
Otro elemento bajo investigación es la presunta relación económica y empresarial que Peña habría mantenido con Ueno Holding, grupo corporativo al que pertenece la institución financiera intervenida.
La imputación señala que el exmandatario contaba con una participación accionaria equivalente al 1.58% del capital de Ueno Holding. También habría tenido un certificado de depósito de ahorro en Ueno Bank y un bono en la empresa Itti, compañías relacionadas con el Grupo Vázquez, propietario del conglomerado empresarial.
Según los señalamientos presentados durante el juicio político, Peña vendió su participación accionaria en el grupo empresarial en marzo de 2025, cuando ya ejercía la Presidencia de Paraguay.
Peña permanece bajo prisión preventiva
La situación jurídica del exmandatario se complicó después de que el juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, ordenara que permaneciera bajo prisión preventiva para garantizar su comparecencia durante el procedimiento judicial.
Tras una audiencia de imposición de medidas, el juzgador determinó que Peña quedara recluido en el Regimiento Guardia Presidencial, una instalación militar ubicada en Asunción, capital paraguaya. Mientras avanzan las investigaciones, el Ministerio Público continuará reuniendo elementos para establecer las posibles responsabilidades del expresidente y de las demás personas involucradas en el caso Ueno Bank.
Por ahora, los 15 años de prisión constituyen la pena máxima que podría solicitarse conforme a las imputaciones actuales. No se trata de una condena, ya que la responsabilidad penal de Peña y de los demás investigados deberá determinarse mediante el correspondiente proceso judicial.