La presidenta sostuvo que las críticas al INE forman parte de una estrategia de adversarios políticos que, afirmó, tienen poca credibilidad y bajos niveles de intención de voto. También pidió investigar las contrataciones electorales desde administraciones anteriores y cuestionó el desempeño del antiguo IFE en los comicios de 2006 y 2012.
La presidenta Claudia Sheinbaum acusó a sectores de la oposición de intentar desacreditar las elecciones de 2027 mediante los cuestionamientos y las investigaciones relacionadas con la gestión de Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE).
Durante su conferencia matutina del miércoles 11 de noviembre, en Palacio Nacional, la mandataria sostuvo que las críticas al organismo electoral buscan generar desconfianza sobre el próximo proceso electoral, en un contexto en el que, aseguró, los partidos opositores tienen poca credibilidad y se encuentran rezagados en las preferencias ciudadanas.
“Ahora, ¿qué hay en el fondo también? Querer desacreditar la elección del 2027. Porque ese es el objetivo. Porque como la oposición tiene tan poca credibilidad y está tan baja en las encuestas que ahora lo que buscan, pues es desacreditar la elección del 2027”, afirmó.
Sheinbaum señaló que la responsabilidad de garantizar los comicios corresponde al actual Consejo General del INE y a la Cámara de Diputados, instancia que deberá designar a quien ocupe la presidencia del organismo tras la renuncia de Taddei.
“¿A quién le corresponde garantizarla? Pues al actual Instituto Nacional Electoral con los consejeros que están ahí y la Cámara de Diputados que elija a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral, pero están garantizadas las elecciones, pero tiene que hacerse una investigación profunda de todo eso”, expresó.
Sheinbaum pide revisar contratos de administraciones anteriores
La presidenta rechazó que las presuntas irregularidades en las contrataciones de materiales y papelería electoral deban atribuirse exclusivamente al periodo de Guadalupe Taddei, quien presentó su renuncia el 26 de octubre, en medio de señalamientos sobre posibles conflictos de interés y vínculos con proveedores del organismo.
“Ahora solo quieren decir: ‘fue el periodo de Guadalupe Taddei’. No, viene de mucho antes este negocio”, sostuvo.
La mandataria retomó los datos presentados por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que identificó una red empresarial vinculada con los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, cuyos proveedores obtuvieron contratos por más de 2 mil millones de pesos entre 2015 y 2023 en 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales.
De acuerdo con la información expuesta por el Gobierno federal, las contrataciones se concentraron durante el periodo en que Lorenzo Córdova presidió el Consejo General del INE. También se reportaron adjudicaciones por 646.3 millones de pesos entre 2024 y 2025 a empresas relacionadas con el mismo grupo, en 15 organismos electorales locales.
Sheinbaum consideró que la revisión debe abarcar los antecedentes de estas operaciones y no limitarse a la gestión de Taddei. Indicó que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificar posibles irregularidades y, si existen elementos, dar parte a la Fiscalía General de la República (FGR).
La presidenta también sostuvo que, si la exconsejera presidenta incurrió en algún ilícito, debe ser investigada, al igual que cualquier otro funcionario o particular involucrado.
Cuestiona al antiguo IFE por las elecciones de 2006
En su exposición, Sheinbaum también se refirió a los antecedentes del Instituto Federal Electoral (IFE), antecesor del actual INE, y cuestionó la imagen que durante años se construyó alrededor de esa institución.
La mandataria calificó al antiguo organismo como una especie de “panacea”, pero aseguró que tenía “una mancha terrible, que es el fraude electoral del 2006”. Asimismo, recordó los cuestionamientos y denuncias de irregularidades que rodearon los comicios presidenciales de 2012.
Con estas referencias, la presidenta planteó que la revisión de la historia del sistema electoral mexicano debe considerar las actuaciones de distintas administraciones y no únicamente las controversias recientes.
También se deslindó de la designación de Guadalupe Taddei como una decisión partidista de Morena o una imposición del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Recordó que su nombramiento como consejera presidenta, en abril de 2023, se produjo mediante insaculación, después de que la Cámara de Diputados no alcanzara la mayoría calificada para elegirla por votación.
Taddei había llegado previamente a la presidencia del entonces Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora en 2014, mediante un proceso de designación a cargo del Consejo General del INE, encabezado en ese momento por Lorenzo Córdova.
Morena mantiene ventaja en las preferencias electorales
El argumento de Sheinbaum sobre la posición de la oposición encuentra respaldo en algunos sondeos publicados rumbo a las elecciones federales de 2027, aunque los resultados varían según la encuestadora y la metodología empleada.
Una encuesta de El Financiero, levantada en septiembre entre 800 personas adultas a nivel nacional y publicada el 19 de octubre, ubicó a Morena con 46 por ciento de intención de voto para las elecciones de diputados federales. En el mismo ejercicio, el PAN obtuvo 8 por ciento; el PRI, 6 por ciento, y Movimiento Ciudadano, 5 por ciento.
La medición refleja una ventaja del partido gobernante frente a sus principales competidores, pero la intención de voto no equivale por sí misma a una medición de credibilidad ciudadana ni permite anticipar el resultado definitivo de los comicios.
El recorte al INE añade tensión rumbo a 2027
La discusión sobre la confianza en las autoridades electorales ocurre, además, después de que la Cámara de Diputados aprobara el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, que contempla una reducción de aproximadamente 6 mil millones de pesos a los recursos solicitados por el INE.
La asignación pasó de los 42 mil 274 millones de pesos requeridos por el organismo a alrededor de 36 mil 274 millones, en vísperas de las elecciones intermedias en las que se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán 17 gubernaturas, además de otros cargos locales.
Desde Morena, el ajuste presupuestal fue defendido como parte de una reasignación de recursos hacia otras prioridades públicas. En contraste, sectores de la oposición han advertido que la reducción puede afectar la capacidad operativa del árbitro electoral para organizar los comicios.
El presupuesto fue aprobado por la Cámara de Diputados durante la madrugada del 11 de noviembre, con 352 votos a favor y 130 en contra.
Investigación y confianza institucional, los desafíos del INE
La controversia reúne dos asuntos que tendrán repercusiones en el escenario político de 2027: el esclarecimiento de las presuntas irregularidades en las contrataciones electorales y la capacidad del INE para mantener la confianza pública mientras se prepara para organizar los próximos comicios.
La renuncia de Taddei no cerró las investigaciones. La ASF mantiene revisiones sobre los procedimientos de contratación, mientras que el órgano interno de control del instituto también abrió expedientes relacionados con posibles anomalías administrativas y conflictos de interés.
En este contexto, el señalamiento presidencial sobre una supuesta estrategia opositora para desacreditar las elecciones convive con la exigencia de investigar a fondo a proveedores y funcionarios, independientemente del periodo en que hayan ocurrido las operaciones.
El reto institucional será esclarecer las responsabilidades con evidencia y transparencia, sin convertir las investigaciones en instrumentos de confrontación partidista. La credibilidad del proceso electoral dependerá tanto de que se garanticen los comicios como de que las irregularidades que salgan a la luz sean investigadas y sancionadas conforme a la ley.