El Pleno determinó que la responsabilidad penal solo procede cuando se demuestra que el profesional incumplió un deber objetivo de cuidado y que esa conducta provocó lesiones permanentes previstas en la ley. La resolución no implica que el neurocirujano involucrado sea culpable.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las lesiones culposas ocasionadas durante el ejercicio de la medicina pueden ser sancionadas penalmente, siempre que se acrediten los elementos necesarios para demostrar que el resultado fue consecuencia del incumplimiento de un deber de cuidado por parte del profesional de la salud.
Al resolver el amparo en revisión 257/2026, el Pleno estableció que las complicaciones médicas, la falta de curación o los resultados desfavorables de un tratamiento no constituyen, por sí mismos, un delito. Para atribuir responsabilidad penal debe demostrarse que el personal médico incumplió una obligación concreta de cuidado que estaba en condiciones de observar y que esa omisión produjo alguna de las lesiones permanentes previstas en la legislación.
El caso de un neurocirujano
El asunto llegó a la Corte luego de que un médico neurocirujano fuera vinculado a proceso por el delito de lesiones culposas, tras practicar dos intervenciones quirúrgicas a un paciente. Durante la primera operación colocó tornillos transpediculares y, en una segunda intervención, los recolocó. Después de los procedimientos, el paciente presentó una disminución permanente de la movilidad de una pierna.
El médico impugnó los artículos 60, párrafo segundo, y 291 del Código Penal Federal, al considerar que vulneraban los principios de legalidad, en su vertiente de taxatividad, de mínima intervención del derecho penal y de libertad de trabajo, porque permitían sancionar penalmente conductas relacionadas con el ejercicio de la medicina.
Sin embargo, el Pleno concluyó que las disposiciones permiten identificar con suficiente claridad las conductas que pueden ser sancionadas, así como las lesiones permanentes que pueden generar responsabilidad penal. En relación con el artículo 9 del mismo ordenamiento, también establecen los elementos para determinar cuándo una conducta puede considerarse culposa.
La medicina es una actividad de medios, no de resultados
La SCJN destacó que la práctica médica es, por regla general, una actividad de medios y no de resultados. Esto significa que el personal de salud tiene la obligación de actuar con diligencia, prudencia y conforme a las reglas de su profesión, pero no de garantizar la recuperación del paciente ni un resultado clínico específico.
Por ello, una complicación durante una intervención, la falta de mejoría o un desenlace desfavorable no bastan para acreditar negligencia penal. Es necesario establecer cuál era el deber concreto de cuidado que debía observar el profesional, si podía cumplirlo y si su incumplimiento ocasionó la lesión prevista en la ley.
Para identificar esas obligaciones pueden considerarse las normas oficiales, los protocolos clínicos y las reglas técnicas de la medicina. No obstante, la Corte precisó que estos instrumentos sirven como referencia para determinar los deberes profesionales, pero no pueden crear delitos ni ampliar las conductas sancionadas por la legislación penal.
La resolución no criminaliza los riesgos de la práctica médica
El máximo tribunal también determinó que las disposiciones impugnadas no vulneran el principio de mínima intervención del derecho penal, pues la protección de la salud y la integridad corporal frente a lesiones permanentes justifica que, bajo determinadas condiciones, puedan imponerse sanciones penales.
La existencia de mecanismos de responsabilidad civil, administrativa o laboral tampoco excluye necesariamente la posibilidad de que una conducta genere consecuencias penales.
En cuanto a la libertad de trabajo, la Corte consideró que las normas no impiden el ejercicio de la medicina ni castigan los riesgos inherentes a esa actividad. Su aplicación se limita a los casos en que se ocasionen culposamente las lesiones previstas en la legislación.
Finalmente, la SCJN aclaró que esta resolución no significa que el neurocirujano haya cometido negligencia médica ni que sea penalmente responsable. El expediente fue devuelto al tribunal colegiado para que analice los planteamientos de legalidad que siguen pendientes, entre ellos, si los datos de prueba presentados fueron suficientes para justificar la vinculación a proceso.
El amparo en revisión 257/2026 fue resuelto por el Pleno de la Suprema Corte en sesión del 11 de noviembre de 2026.