México endurece la revisión de inversiones extranjeras en sectores estratégicos por seguridad nacional

La reforma a la Ley de Inversión Extranjera establece que determinadas adquisiciones de empresas mexicanas deberán recibir autorización de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. La medida incluye actividades relacionadas con inteligencia artificial, semiconductores, energía, ciberseguridad y manejo de datos sensibles.

México estableció un nuevo mecanismo de revisión de inversiones extranjeras en sectores considerados estratégicos para la seguridad nacional. El decreto de reforma a la Ley de Inversión Extranjera, publicado el jueves 19 de noviembre, contempla que determinadas adquisiciones de empresas mexicanas por parte de capital extranjero requieran autorización previa de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE).

La disposición se aplicará cuando un inversionista extranjero pretenda adquirir, directa o indirectamente, más de 49 por ciento del capital social de una empresa mexicana, siempre que esta cuente con activos cuyo valor supere el monto que determine la Comisión y desarrolle alguna de las actividades contempladas en el artículo 30 Bis.

Entre los sectores incluidos se encuentran las infraestructuras físicas y virtuales de energía, transporte, sanidad, comunicaciones, minería y almacenamiento de datos.

También se consideran tecnologías críticas y productos de doble uso, como inteligencia artificial, robótica, semiconductores, biotecnología y tecnologías cuántica y nuclear, además de actividades relacionadas con el suministro de energía, materias primas, seguridad alimentaria y acceso a información sensible, particularmente datos personales.

Autorización en un plazo de 45 días hábiles

La reforma establece que, cuando una empresa no supere el umbral de activos que determine la CNIE, pero la participación extranjera pretendida sea mayor a 49 por ciento, la presentación de la solicitud será voluntaria.

En los casos obligatorios, el trámite deberá realizarse ante la Secretaría Técnica de la Comisión y será presentado conjuntamente por la sociedad mexicana y el inversionista extranjero.

La autoridad contará con un plazo de 45 días hábiles, a partir de la recepción de la solicitud, para emitir una resolución. Podrá autorizar la operación si determina que no representa riesgos o amenazas para la seguridad nacional, condicionarla a modificaciones que permitan mitigar posibles afectaciones o impedir su realización.

Las autorizaciones podrán incluir obligaciones específicas para las partes, como la entrega de informes periódicos sobre el cumplimiento de las condiciones establecidas.

El decreto también precisa que no se aplicará la afirmativa ficta en estos procedimientos. Esto significa que la falta de respuesta de la autoridad dentro del plazo correspondiente no podrá interpretarse como una aprobación automática de la operación.

Participación de autoridades de seguridad e inteligencia

La reforma establece que los integrantes de la CNIE no podrán abstenerse de votar cuando se analicen asuntos relacionados con la seguridad nacional y que las decisiones se tomarán por mayoría.

En las sesiones correspondientes participarán como invitados permanentes, con derecho a voz pero sin voto, los titulares de la Fiscalía General de la República, el Centro Nacional de Inteligencia, el Servicio de Administración Tributaria y la Unidad de Inteligencia Financiera.

Además, la Comisión deberá presentar al Congreso de la Unión un informe semestral sobre las actividades realizadas en esta materia.

Multas y obligación de revertir adquisiciones

El nuevo marco contempla sanciones para las empresas mexicanas que transfieran acciones a inversionistas extranjeros sin contar con una resolución favorable o que realicen la operación pese a una negativa de la autoridad.

Las multas podrán ir de 5 mil a 200 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). La misma sanción podrá aplicarse cuando las partes incumplan las medidas de mitigación establecidas por la Comisión.

Adicionalmente, la CNIE tendrá facultades para ordenar la desinversión, es decir, la reversión de la participación adquirida. En estos casos, se otorgará un plazo de 90 días hábiles para desincorporar los activos, con posibilidad de una prórroga por un periodo igual.

Plazo para definir el valor de los activos

El decreto concede a la Comisión 180 días naturales, contados a partir de la publicación de la reforma, para emitir en el Diario Oficial de la Federación la resolución que establezca el monto de activos a partir del cual las operaciones estarán sujetas al procedimiento obligatorio.

Por otra parte, los asuntos que ya se encontraban en trámite antes de la entrada en vigor de las nuevas disposiciones deberán resolverse conforme a las reglas vigentes al momento de su presentación.

Con estos cambios, México incorpora un mecanismo específico para evaluar adquisiciones extranjeras en actividades consideradas sensibles, con especial atención a las infraestructuras estratégicas, las tecnologías críticas y el acceso a información que pueda tener implicaciones para la seguridad nacional.

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