En una sentencia histórica, el máximo tribunal de Naciones Unidas determinó que el Estado cometió genocidio contra esta minoría musulmana durante las operaciones militares de 2017. El fallo, aprobado por nueve votos contra seis, ordena investigar a los responsables, reparar a las víctimas y garantizar que las atrocidades no se repitan.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una resolución histórica al declarar que Myanmar cometió genocidio contra la población rohinyá durante las operaciones militares de 2017 en el estado de Rakáin. Se trata de la primera ocasión en que este tribunal atribuye directamente a un Estado la responsabilidad de cometer ese crimen.
La sentencia, dictada el 19 de noviembre de 2026 en el proceso iniciado por Gambia, fue aprobada por nueve votos contra seis y establece que Myanmar incumplió sus obligaciones internacionales para prevenir y sancionar el genocidio, así como para incorporar a su legislación las disposiciones de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.
El fallo representa un precedente para la justicia internacional y reconoce jurídicamente la gravedad de las atrocidades sufridas por esta comunidad. La Corte también ordenó al Estado adoptar medidas para reparar los daños ocasionados y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir.
La ofensiva militar de 2017 y el desplazamiento de los rohinyá
El caso tiene su origen en las operaciones militares emprendidas por las Fuerzas Armadas de Myanmar en el norte del estado de Rakáin, durante 2016 y 2017. La ofensiva estuvo acompañada de asesinatos, violencia sexual, destrucción de comunidades y otras agresiones contra la población rohinyá.
En agosto de 2017, la escalada de violencia provocó que más de 700 mil personas huyeran hacia Bangladesh, donde se sumaron a otros grupos de refugiados que habían abandonado Myanmar anteriormente.
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, señaló que la sentencia de la CIJ documentó un panorama de extrema violencia, incluidos asesinatos de más de 10 mil personas, violaciones y condiciones de sufrimiento extremo.
La Corte concluyó que las fuerzas de seguridad y otros órganos del Estado cometieron actos genocidas, entre ellos asesinatos, daños graves físicos o mentales y medidas destinadas a impedir nacimientos dentro de la comunidad, con la intención de destruir una parte sustancial de la población rohinyá.
¿Qué ordenó la Corte Internacional de Justicia?
Además de declarar la responsabilidad de Myanmar, el tribunal estableció una serie de obligaciones para atender las consecuencias de los crímenes y prevenir nuevas violaciones.
Entre las medidas ordenadas destacan:
- Investigar y sancionar: adoptar medidas inmediatas y efectivas para investigar a las personas razonablemente sospechosas de participar en actos genocidas y, cuando corresponda, procesarlas y castigarlas.
- Evitar la repetición: ofrecer garantías de no repetición y adoptar medidas para impedir nuevas violaciones de la Convención.
- Proteger a la población rohinyá: implementar medidas de restitución, incluida la posibilidad de un retorno seguro, voluntario y digno de las personas desplazadas.
- Reunificar familias: facilitar el reencuentro de quienes fueron separados por el desplazamiento.
- Reparar los daños: compensar a la comunidad y a las personas afectadas por las consecuencias de los actos cometidos.
La Corte determinó que Myanmar deberá presentar, en un plazo de dos años, un informe sobre las medidas de restitución adoptadas y las modalidades y montos de compensación.
Un fallo histórico, pero con límites jurídicos
La resolución constituye un avance importante para la rendición de cuentas internacional, aunque es necesario distinguir sus alcances: la CIJ resuelve controversias jurídicas entre Estados y determina su responsabilidad internacional; no es un tribunal penal encargado de condenar individualmente a militares o funcionarios.
Asimismo, el tribunal no aceptó todas las imputaciones planteadas en el proceso. Por 14 votos contra uno, concluyó que no se había demostrado que Myanmar hubiera incumplido la obligación relativa a la incitación directa y pública al genocidio por parte de particulares. Esta conclusión no modifica la determinación de que el Estado cometió genocidio contra los rohinyá.
La sentencia es definitiva y vinculante, por lo que Myanmar está obligado a cumplirla. Sin embargo, su aplicación dependerá de que las autoridades adopten las medidas ordenadas y de que exista cooperación internacional para respaldar su ejecución.
Myanmar rechaza la resolución
Tras conocerse el fallo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Myanmar expresó su desacuerdo con la decisión y cuestionó el resultado de la votación, al señalar que seis de los 15 jueces se pronunciaron en contra de la determinación de genocidio.
El gobierno también rechazó las pruebas presentadas y sostuvo que las operaciones militares respondieron a acciones de grupos armados. No obstante, la sentencia de la Corte establece la responsabilidad internacional del Estado por los actos cometidos contra la población rohinyá.
Mientras cientos de miles de refugiados continúan fuera de Myanmar, el desafío será convertir el pronunciamiento judicial en medidas concretas de protección, reparación y justicia. La decisión marca un precedente para el derecho internacional y refuerza el principio de que los Estados también deben responder ante la justicia por la comisión de los crímenes más graves.

