El alcalde de Río Bravo anunció recursos legales contra la decisión del Congreso de mantener el organismo bajo control estatal; acusa deficiencias en el servicio y rechaza que el municipio carezca de capacidad para asumir su operación.
La disputa por el control de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) de Río Bravo está a punto de abandonar el terreno político para llegar a los tribunales.
El alcalde Miguel Ángel Almaraz Maldonado anunció que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para intentar revertir la decisión de la Diputación Permanente del Congreso de Tamaulipas, que aprobó mantener bajo operación estatal los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales en el municipio.
“No nos vamos a quedar ahí, vamos a ir a la Suprema Corte porque lo que están haciendo es un abuso contra todos los riobravenses”, afirmó el edil.
El Congreso argumenta falta de capacidad
La decisión del Legislativo derivó de la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Río Bravo para asumir la prestación de los servicios.
Tras analizar las condiciones técnicas, financieras, administrativas y operativas, la Diputación Permanente determinó que la transferencia podría poner en riesgo la continuidad y calidad del servicio. El Congreso también señaló que la operación estatal cuenta con acciones de rehabilitación y fortalecimiento de la infraestructura hidráulica.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Humberto Prieto Herrera, ha cuestionado que el Ayuntamiento haya acreditado contar con los recursos humanos, administrativos y operativos necesarios para asumir el organismo.
La votación de la Diputación Permanente fue de cuatro votos a favor, uno en contra y una abstención, con lo que la COMAPA continuará bajo la operación del Gobierno de Tamaulipas.
Almaraz rechaza los argumentos
El alcalde panista rechazó que el municipio carezca de capacidad para hacerse cargo de la COMAPA y sostuvo que el problema central se encuentra en las condiciones en que actualmente se presta el servicio.
Desde su perspectiva, la discusión no debería centrarse únicamente en la capacidad financiera del Ayuntamiento, sino en la calidad del agua y del servicio de drenaje que reciben los habitantes.
“Tenemos agua chocolatosa, a veces nos va bien y sale amarilla, y a veces cristalina oliendo a pescado… tiene partículas cancerígenas porque arrastra desechos de maquilas y aguas negras de Reynosa”, denunció.
Estas afirmaciones corresponden a señalamientos realizados por el alcalde y no constituyen, por sí mismas, una determinación oficial sobre la calidad o composición del agua.
El choque con Humberto Prieto
La disputa también ha generado un enfrentamiento verbal entre Almaraz y Humberto Prieto Herrera.
El alcalde rechazó las declaraciones del legislador morenista sobre las condiciones del municipio y cuestionó sus argumentos para impedir que el Ayuntamiento asuma la administración del organismo.
“Ni siquiera me acuerdo de su nombre, pero lo que dijo son mentiras”, respondió.
Prieto, por su parte, ha sostenido que la decisión busca evitar que se ponga en riesgo la operación de un organismo que, según la posición expresada por el Congreso, mantiene condiciones financieras y operativas que no deberían modificarse sin que el municipio demuestre contar con las capacidades necesarias.
Una disputa que ahora llegará a tribunales
Almaraz sostiene que la administración de los servicios básicos debe corresponder al municipio y que el Ayuntamiento es la instancia más cercana a los ciudadanos para atender directamente sus necesidades.
Con el anuncio de acudir a la SCJN, el conflicto entra ahora en una nueva etapa. Mientras el Congreso defiende la permanencia de la operación estatal bajo argumentos de continuidad y capacidad técnica, el Ayuntamiento insiste en que debe recuperar la administración para mejorar el servicio.
La controversia, por tanto, ya no se limita a quién administra la COMAPA. También pone sobre la mesa la calidad del agua, la capacidad institucional del municipio y los alcances de las atribuciones estatales y municipales en la prestación de un servicio esencial para la población.