La reforma constitucional establece que quienes busquen la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán mantener únicamente la nacionalidad mexicana; las nuevas reglas entrarían en vigor para los procesos electorales de 2028.
La carrera por los principales cargos ejecutivos del país tendrá nuevas reglas a partir de 2028.
El Senado de la República emitió la declaratoria de aprobación de una reforma constitucional que modifica los requisitos de nacionalidad para quienes aspiren a la Presidencia de México, las gubernaturas de los estados y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El cambio, avalado por las legislaturas estatales necesarias para continuar el procedimiento constitucional, modifica los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establece un requisito de nacionalidad única para quienes busquen encabezar los poderes ejecutivos federal y locales.
Una nueva condición para llegar al Poder Ejecutivo
La reforma plantea que las personas aspirantes deberán ser mexicanas por nacimiento y no contar con otra nacionalidad.
En caso de haber adquirido una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella previamente, conforme a los procedimientos establecidos por la legislación aplicable.
La modificación busca cerrar también posibles vías indirectas para mantener vínculos jurídicos con otro país. Entre los supuestos contemplados se encuentran el uso de pasaportes o documentos de identidad extranjeros, el ejercicio de derechos políticos ante gobiernos de otras naciones y la solicitud de protección diplomática de un Estado extranjero.
De esta manera, la reforma pretende que quienes ocupen los cargos ejecutivos de mayor responsabilidad política mantengan una condición de nacionalidad exclusivamente mexicana.
La regla no será inmediata
Uno de los aspectos más relevantes se encuentra en el régimen transitorio.
Las nuevas disposiciones no tendrán efectos sobre quienes actualmente ocupan estos cargos. Su aplicación comenzará con los procesos electorales de 2028, una vez que el decreto haya concluido el procedimiento constitucional y sea publicado oficialmente.
Esto significa que la reforma no modifica las reglas bajo las cuales fueron electas las autoridades actualmente en funciones.
El procedimiento constitucional continúa
Durante la sesión del Senado, la secretaria de la Mesa Directiva, Lizeth Sánchez García, informó sobre el cómputo de las legislaturas estatales que aprobaron la modificación.
Posteriormente, el presidente de la Mesa Directiva, Higinio Martínez Miranda, realizó la declaratoria correspondiente.
Con este paso, la reforma continúa su recorrido dentro del procedimiento legislativo constitucional para posteriormente ser remitida a las instancias correspondientes y, una vez cumplidos los requisitos, llegar a su publicación oficial.
Un cambio que impactará las elecciones de 2028
La modificación adquiere especial relevancia por el calendario electoral de los próximos años.
A partir de su entrada en vigor, las personas que aspiren a ocupar una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán cumplir con las nuevas condiciones de nacionalidad. El mismo criterio se aplicará a quienes busquen la Presidencia de la República.
La discusión abre también un debate sobre la relación entre nacionalidad, derechos políticos y acceso a los cargos de elección popular, particularmente en un país con una amplia población mexicana que reside en el extranjero y mantiene vínculos con otras naciones.
De hecho, legisladores de oposición cuestionaron durante la discusión que la reforma pueda afectar derechos políticos de personas con doble nacionalidad y plantearon objeciones relacionadas con los derechos de la población migrante.
El nuevo escenario
La reforma coloca una nueva condición sobre quienes aspiren a dirigir el país, los estados y la capital.
Aunque sus efectos no serán inmediatos, 2028 marcará el primer proceso electoral en el que las nuevas reglas de nacionalidad tendrán aplicación, por lo que el requisito podría convertirse desde ahora en un elemento relevante para quienes comiencen a construir una candidatura.
El cambio constitucional lleva así el debate más allá de una simple modificación jurídica: establece una nueva definición sobre los requisitos de nacionalidad que deberán cumplir quienes aspiren a ocupar los principales cargos ejecutivos de México.