La muerte del piloto y el copiloto de una aeronave utilizada habitualmente por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero forma parte de una investigación que, según una columna periodística, busca esclarecer posibles conexiones entre operadores criminales, funcionarios y negocios en la entidad.
El desplome de una avioneta en una zona serrana de Nayarit ha abierto nuevas interrogantes sobre una presunta trama que vincularía a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con actores políticos y económicos del estado. Una de las hipótesis citadas en una columna periodística apunta a que el objetivo habría sido eliminar a los dos tripulantes, considerados posibles testigos de información sensible, y no atentar directamente contra el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero. Sin embargo, esta versión no está confirmada oficialmente.
El accidente ocurrió el pasado 4 de octubre, cuando un Cessna Citation, matrícula XB-BAR, despegó del Aeropuerto Internacional Amado Nervo, en Tepic, con destino a Aguascalientes. Minutos después se perdió comunicación con la aeronave, que fue localizada al día siguiente en una zona montañosa de Ixtlán del Río. En el lugar murieron el piloto Óscar Quezada y el copiloto Ángel Ricardo Granados Vargas, quienes eran los únicos ocupantes.
Tras el accidente, la fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, informó que entre las líneas de investigación se encontraban la posibilidad de que la aeronave hubiera sido vigilada, una eventual intervención criminal, una falla técnica y las condiciones meteorológicas. Según las declaraciones atribuidas a la funcionaria, en teléfonos asegurados durante operativos contra el CJNG se encontraron datos sobre matrículas, itinerarios y pasajeros de vuelos relacionados con funcionarios estatales.
El caso quedó en manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Hasta el momento, la información presentada en el texto de origen no permite establecer que la aeronave haya sido derribada ni confirmar quiénes serían responsables.
La investigación apunta a la red de “El Jardinero”
La columna sitúa el accidente dentro de una investigación más amplia de agencias estadounidenses sobre presuntas relaciones entre el crimen organizado y actores políticos de Nayarit. En esa trama aparece Audias Flores Silva, conocido como “El Jardinero”, señalado por autoridades como operador de alto nivel del CJNG en la región y detenido en abril de 2026.
De acuerdo con la publicación, las pesquisas también consideran a los hermanos apodados “Talibán I” y “Talibán II”, así como a personas que presuntamente habrían actuado como intermediarios entre integrantes del grupo criminal y funcionarios. No obstante, las versiones sobre su posible participación en el accidente no han sido confirmadas por las autoridades.
Otro elemento mencionado son los asesinatos de los abogados Alejandro Ruiz Velasco y Alonso Ruiz Rivera, ocurridos en septiembre en Ixtlán del Río. Según la columna, ambos habrían exigido al gobierno estatal el cumplimiento de acuerdos previos relacionados con bienes presuntamente vinculados al CJNG, entre ellos un predio de aproximadamente 800 hectáreas asegurado durante el llamado Mega Operativo Nayarit. Estas afirmaciones forman parte de la versión periodística y requieren corroboración independiente.
El papel de los vuelos y las bitácoras
Las interrogantes centrales de la investigación, según el texto, giran en torno al uso de la aeronave accidentada y de otros aviones oficiales: qué personas y mercancías habrían transportado, qué registros de vuelo existen y si las bitácoras reflejan los trayectos realizados.
La columna sostiene que las agencias estadounidenses han reunido testimonios, comunicaciones interceptadas y documentos que podrían ayudar a reconstruir las presuntas relaciones entre operadores criminales y actores políticos. Sin embargo, no presenta esos materiales de manera directa ni aporta pruebas verificables que permitan establecer responsabilidades individuales.
El accidente mantiene abiertas varias preguntas sobre las circunstancias de la caída, los antecedentes de la tripulación y el posible alcance de las investigaciones. La determinación de las causas del siniestro y la confirmación de cualquier vínculo delictivo dependerán de las pruebas que presenten las autoridades competentes.