La Secretaría de las Mujeres trabaja en la integración de estadísticas de distintas instituciones para identificar la dimensión de esta problemática, detectar factores de riesgo y fortalecer las políticas de prevención y protección.
Las uniones tempranas y la cohabitación forzada representan una problemática que afecta a miles de niñas y adolescentes en México y que, debido a su naturaleza, permanece fuera de buena parte de los registros oficiales. Ante este panorama, la Secretaría de las Mujeres avanza en el desarrollo de herramientas estadísticas que permitan identificar, medir y comprender mejor este fenómeno para fortalecer las acciones de prevención y atención.
Durante el Encuentro Internacional de Estadísticas de Género (EIEG), Evelyn Trasviña, coordinadora de Análisis Estratégico y Estadísticas de Género de la dependencia, presentó los avances del Grupo de Trabajo de Uniones Tempranas y Cohabitación Forzada, cuyo propósito es reunir información de instituciones de salud, educación y registros administrativos.
Uno de los principales obstáculos, explicó la funcionaria, es que muchas de estas uniones no quedan asentadas en el Registro Civil, debido a que los matrimonios con personas menores de edad están prohibidos por la legislación mexicana. Esta situación dificulta conocer la magnitud del problema y dar seguimiento a los casos.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país 143 mil 668 mujeres de entre 12 y 17 años viven en unión en localidades rurales, un dato que evidencia la necesidad de contar con información más amplia y mecanismos institucionales para proteger sus derechos.
Trasviña subrayó que las situaciones que involucran a niñas menores de 15 años, especialmente cuando existen embarazos infantiles o diferencias significativas de edad con sus parejas, deben analizarse desde la perspectiva de la violencia y la coerción, no como decisiones tomadas en condiciones de igualdad.
Estadísticas para prevenir y proteger
La estrategia contempla fortalecer el intercambio de información con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), así como con registros educativos y otras fuentes institucionales. La finalidad es identificar factores de riesgo, reconocer situaciones que podrían pasar inadvertidas y mejorar las respuestas de prevención y atención.
En el encuentro también participaron representantes de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, el INEGI, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ONU Mujeres, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Las intervenciones coincidieron en la importancia de generar estadísticas confiables y comparables para dimensionar las uniones tempranas y la cohabitación forzada, así como para orientar políticas públicas que garanticen el ejercicio de los derechos de niñas y adolescentes.
Más allá de los registros y las cifras, el desafío institucional consiste en hacer visibles situaciones que pueden limitar el desarrollo, la educación y el futuro de miles de niñas. Contar con información precisa es un paso fundamental para detectar la violencia a tiempo y fortalecer su protección.