Las movilizaciones comenzaron con el cierre de la sede de San Lázaro y podrían extenderse a por lo menos 17 estados. Los empleados exigen garantías de estabilidad laboral y respeto a su antigüedad, mientras el órgano administrativo asegura que la primera evaluación será únicamente diagnóstica.
Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron este viernes un paro de labores en protesta contra el nuevo esquema de evaluación del desempeño que se aplicará en diciembre, al considerar que podría poner en riesgo sus empleos y la permanencia de quienes integran la carrera judicial.
Las manifestaciones comenzaron durante la madrugada con el cierre de los accesos al Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, en la Ciudad de México, donde los empleados colocaron cadenas para impedir el ingreso a las instalaciones.
Entre sus principales demandas se encuentran el respeto a la antigüedad, la estabilidad laboral y garantías para conservar sus puestos. Los inconformes advirtieron que el bloqueo de esta y otras sedes judiciales se mantendría por tiempo indefinido, mientras que distintas convocatorias difundidas en redes sociales llamaron a extender las protestas a por lo menos 17 estados.
La inconformidad surgió luego de que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) publicara el jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el acuerdo que establece las reglas para evaluar el desempeño del personal, como parte de la implementación de la reforma judicial.
El calendario contempla evaluaciones los días 1, 4, 8 y 15 de diciembre, dirigidas a secretarios, actuarios y oficiales judiciales.
Ante las protestas, el OAJ difundió un comunicado en el que rechazó que el procedimiento represente una amenaza para los puestos de trabajo. Aseguró que los exámenes programados para diciembre de 2026 no provocarán despidos ni la pérdida de plazas.
El organismo precisó que esta primera etapa tendrá un carácter exclusivamente diagnóstico, por lo que no habrá resultados de aprobación o reprobación ni consecuencias individuales relacionadas con la permanencia o separación del personal.
De acuerdo con el OAJ, el objetivo es identificar las necesidades de capacitación de los trabajadores y, una vez concluidos los cursos correspondientes, aplicar la primera evaluación ordinaria con efectos legales.
El órgano administrativo también manifestó su respeto a la libertad sindical y al derecho de los empleados a expresar sus inconformidades. Sostuvo que la evaluación constituye una obligación legal orientada a fortalecer la carrera judicial y no un mecanismo para justificar despidos.
Aunque reiteró su disposición al diálogo, las movilizaciones reflejan la preocupación de los trabajadores ante los cambios derivados de la reforma judicial y la incertidumbre sobre las condiciones en que se desarrollará el nuevo sistema de evaluación.