El expresidente paraguayo fue imputado por lesión de confianza y administración en provecho propio. La Fiscalía también solicitó medidas contra el ex titular del Banco Central, Carlos Carvallo, mientras el nuevo mandatario, Pedro Alliana, prometió garantizar el pago de pensiones a los jubilados afectados por la crisis bancaria.
La crisis financiera de Ueno Bank escaló al ámbito judicial y político en Paraguay. El expresidente Santiago Peña fue imputado por los presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, y un juez ordenó su prisión preventiva mientras avanza la investigación sobre el manejo de recursos públicos y previsionales depositados en la institución bancaria.
La determinación se produjo después de que el exmandatario compareciera ante el Ministerio Público en Asunción, donde la fiscal Nancy Salomón confirmó la presentación de la imputación. La Fiscalía sostiene que existen elementos para investigar su posible intervención en operaciones relacionadas con la colocación y permanencia de fondos estatales en Ueno Bank, entidad con cuyo grupo empresarial habría mantenido vínculos económicos y corporativos.
El juez penal de Garantías Humberto Otazú dispuso que Peña permanezca bajo custodia en el Regimiento Escolta Presidencial, en la capital paraguaya, con el argumento de garantizar su comparecencia durante el proceso. El exgobernante se abstuvo de declarar durante la audiencia, de acuerdo con reportes de medios locales.
La investigación también alcanza a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), quien fue imputado por los mismos delitos y por la presunta producción de documentos públicos de contenido falso. La Fiscalía solicitó prisión preventiva e inhibición de bienes para ambos exfuncionarios, además de medidas para identificar e inmovilizar sus cuentas, depósitos e inversiones.
Las indagatorias buscan determinar si durante la administración de Peña se favoreció la concentración de recursos públicos y previsionales en Ueno Bank, pese a los posibles riesgos financieros de la institución. El exmandatario niega haber cometido irregularidades y enfrenta el proceso bajo el principio de presunción de inocencia.
Pedro Alliana promete proteger las pensiones de los jubilados
Mientras avanzan las investigaciones, el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, anunció que su gobierno garantizará el pago de las pensiones y del aguinaldo a los jubilados del Instituto de Previsión Social (IPS) afectados por la disolución de Ueno Bank.
El anuncio se produjo después de una reunión en el Palacio de Gobierno con el titular del IPS, Derlis León, para coordinar medidas de respuesta ante la inmovilización de recursos de la institución en el banco.
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el IPS mantenía alrededor de 350 millones de dólares en Ueno Bank. León informó que los pagos a los jubilados están previstos para el 17 de noviembre, incluidos los beneficios correspondientes al complemento anual.
Alliana también reportó avances en la devolución de recursos a los clientes y ahorradores de la entidad: hasta ese momento, se habían realizado pagos a un millón 196 mil cuentas por más de 996 mil millones de guaraníes, equivalentes a aproximadamente 160 millones de dólares.
A través de su cuenta oficial en X, el mandatario señaló que la prioridad de su administración es que los ahorradores recuperen su dinero y aseguró que los trabajos continuarían durante el fin de semana para atender a las familias afectadas.
La crisis estalló luego de que el Banco Central del Paraguay anunciara el procedimiento de resolución y disolución de Ueno Bank, tras detectar problemas de solvencia. La institución tenía cerca de 2.9 millones de clientes, por lo que la suspensión de sus operaciones provocó incertidumbre entre ahorradores y organismos públicos que mantenían recursos depositados.
El caso mantiene bajo presión a las autoridades paraguayas, que deberán atender simultáneamente las consecuencias financieras del cierre bancario y las responsabilidades que puedan determinarse en las investigaciones judiciales.