La ministra defendió el grado en Derecho Constitucional que asegura haber obtenido tras más de dos años de estudios en la Universidad Tepantlato. También respondió a las críticas sobre su trayectoria académica y recordó el debate que sostuvo con Yasmín Esquivel por los recursos destinados a comunidades indígenas.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, respondió a los cuestionamientos sobre su doctorado en Derecho Constitucional y calificó como “carroñeros” a los periodistas que pusieron en duda la naturaleza del reconocimiento que recibió de la Universidad Tepantlato.
El pasado 5 de noviembre, Batres informó, mediante un video difundido en sus redes sociales, que había recogido su título de Doctora en Derecho Constitucional por esa institución privada. Aseguró que realizó “más de dos años de estudios” para obtener el grado y rechazó que se tratara de un doctorado honoris causa.
“Yo no ostento nada que no tengo”, afirmó al referirse a las publicaciones que, según su versión, confundieron su título académico con un reconocimiento honorífico.
La ministra también reprochó las críticas dirigidas a la Universidad Tepantlato, a la que describió como una institución mexicana con más de 30 años de trayectoria y presencia entre integrantes del Poder Judicial.
Defiende la trayectoria de la Universidad Tepantlato
Como parte de su respuesta, Batres mencionó al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y al ministro en retiro Jorge Mario Pardo Rebolledo, de quienes aseguró que cursaron estudios de maestría y doctorado en esa institución.
También señaló que dos magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación egresaron de Tepantlato, aunque no proporcionó sus nombres.
“Es 100 por ciento mexicana, no es Oxford, no es Harvard, no es Yale”, expresó al defender la institución y cuestionar que se descalifique su formación por haber estudiado en una universidad privada nacional.
Batres reconoció que le habría gustado obtener un título de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución a la que manifestó respeto y orgullo, pero argumentó que las responsabilidades laborales y la disponibilidad de tiempo influyen en la elección de los estudios de posgrado.
Sobre su trayectoria académica, indicó que obtuvo mención honorífica en una maestría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), donde elaboró una tesis sobre las formas de gobierno local de la capital a lo largo de su historia.
También cursó una maestría en Gestión Pública en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, con una investigación sobre políticas urbanas de vivienda, y concluyó una maestría en Derecho Penal en la Universidad Humanitas en 2011. Posteriormente, regresó a esa institución para actualizarse en el sistema penal acusatorio y los juicios orales.
La ministra confirmó que recibió un doctorado honoris causa hace aproximadamente una década, pero aclaró que no lo presenta como parte de su trayectoria curricular porque, según explicó, no tiene ese valor. En contraste, sostuvo que el doctorado en Derecho Constitucional corresponde a estudios realizados y ofreció mostrar el título a quienes deseen conocerlo.
Debate con Yasmín Esquivel por recursos para comunidades indígenas
En otro asunto relacionado con su actividad en la Corte, Batres recordó la discusión del 21 de octubre, cuando el Pleno validó la entrega directa de al menos 10 por ciento de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
La resolución reconoció la constitucionalidad de las disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2026 que permiten a estas comunidades recibir y administrar directamente recursos públicos, en concordancia con los derechos reconocidos en el artículo 2 constitucional.
Durante la sesión, Batres respaldó la asignación presupuestal y sostuvo que el reconocimiento del autogobierno indígena y afromexicano debe acompañarse de recursos que las propias comunidades puedan administrar.
En su intervención, recordó que la anterior integración de la Suprema Corte invalidó una legislación de Michoacán que contemplaba la distribución de recursos municipales entre comunidades indígenas. Se refirió a la controversia constitucional 17/2022, relacionada con la comunidad de Crescencio Morales, cuyo análisis se prolongó durante siete sesiones en abril de 2024.
La ministra Yasmín Esquivel respondió que el criterio al que hacía referencia Batres había sido superado por el amparo directo en revisión 782/2024, resuelto el 2 de julio de 2025, mediante el cual se reconoció el derecho de las comunidades indígenas a recibir y administrar directamente recursos públicos.
Esquivel recordó que Batres había votado en contra de aquella resolución. La ministra respondió que su postura no significaba estar en contra de la entrega de recursos a los pueblos indígenas y explicó que sus objeciones se relacionaban con el sentido de aquella decisión judicial.
La precisión es relevante porque, en la sesión del 21 de octubre de 2026, Batres sí votó a favor de validar la asignación directa de al menos 10 por ciento del FAIS a las comunidades indígenas y afromexicanas.
El intercambio puso de manifiesto las diferencias entre ambas ministras sobre la interpretación de antecedentes judiciales, aunque coincidieron en el resultado de la resolución más reciente, que garantiza la asignación de esos recursos.