La investigación Salud quebrada, elaborada por especialistas de El Colegio de México y el Instituto Nacional de Salud Pública, advierte que seis millones de familias enfrentaron gastos médicos que rebasaron su capacidad económica. También señala el rezago presupuestal, la falta de infraestructura y la precariedad laboral del personal sanitario.
El sistema de salud mexicano enfrenta profundas desigualdades que afectan principalmente a la población de menores recursos. Durante 2024, alrededor de 40 millones de personas reportaron no tener acceso a servicios médicos, mientras seis millones de familias tuvieron que afrontar gastos de atención que superaron sus posibilidades económicas.
Estas cifras forman parte de Salud quebrada, una investigación realizada durante cuatro años por cinco especialistas de El Colegio de México y del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), como parte de un proyecto financiado por el National Institute for Health and Care Research del Reino Unido.
El estudio advierte que México destina apenas 2.8 por ciento de su Producto Interno Bruto (PIB) al gasto público en salud, menos de la mitad del 6 por ciento que los investigadores toman como referencia internacional. La insuficiencia de recursos se refleja en hospitales saturados, desabasto de medicamentos, equipos médicos limitados y condiciones laborales desfavorables para quienes trabajan en el sector.
Uno de los indicadores que muestra el retroceso en la cobertura es el comportamiento de los hogares sin aseguramiento médico. En los municipios con mayor rezago, la proporción pasó de 6 por ciento en 2018 a 62 por ciento en 2024. A escala nacional, después de disminuir de 59 por ciento en 2004 a 8 por ciento en 2016, volvió a elevarse hasta alcanzar 31 por ciento en 2024.
Los investigadores relacionan parte de este deterioro con los cambios institucionales de los últimos años. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador desapareció el Seguro Popular y fue sustituido por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), organismo que posteriormente también fue eliminado, con el traslado de sus funciones al IMSS-Bienestar.
Un sistema universal con recursos insuficientes
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum prepara la creación del Sistema Universal de Salud, cuya integración está prevista para 2027 y busca articular los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el IMSS-Bienestar.
Los autores de Salud quebrada consideran favorable avanzar hacia la integración de las instituciones, pues la fragmentación obliga a la población a buscar atención en distintos subsistemas, dependiendo de su situación laboral y de afiliación. Sin embargo, advierten que la reorganización administrativa no será suficiente para garantizar la cobertura universal si no se incrementa de manera considerable el presupuesto.
De acuerdo con las cifras presentadas en la investigación, el gasto público proyectado para 2027 equivale a 2.9 por ciento del PIB. La propuesta de los especialistas es elevarlo a 3.5 por ciento en 2030 y alcanzar 6 por ciento en 2043.
El rezago también se observa en la infraestructura hospitalaria. México dispone de aproximadamente 1.1 camas por cada mil habitantes, frente a 2.4 en el continente americano y 4.3 en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
En cuanto a equipos especializados, el país cuenta con alrededor de tres aparatos de resonancia magnética y dos de radioterapia por cada millón de habitantes, una disponibilidad que limita la capacidad de diagnóstico y tratamiento y contribuye a prolongar los tiempos de espera para estudios, intervenciones y procedimientos médicos.
Más enfermedades y precariedad laboral
El informe identifica consecuencias en distintos indicadores de salud. Entre sus hallazgos destaca un incremento de 13 por ciento en las hospitalizaciones de personas con diabetes, además de un retroceso de tres décadas en materia de mortalidad materna.
También advierte que las mujeres con menores recursos enfrentan mayores obstáculos para acceder a diagnósticos oportunos de cáncer de mama, lo que reduce sus posibilidades de supervivencia. Asimismo, las muertes consideradas evitables en México triplican el promedio registrado en los países de la OCDE.
A estas dificultades se suma el deterioro de las condiciones laborales del personal sanitario. Entre 2005 y 2022, la precariedad laboral entre médicos aumentó 29 por ciento, hasta alcanzar aproximadamente a tres de cada cuatro trabajadores de ese sector. En enfermería, el indicador pasó de 49 a 67 por ciento durante el mismo periodo.
El panorama coincide con las movilizaciones de trabajadores del IMSS, quienes han denunciado salarios insuficientes, jornadas excesivas y falta de insumos para realizar sus actividades en hospitales y unidades médicas.
El costo de enfermarse recae en las familias
La investigación también pone atención en el gasto que los hogares deben realizar para atender sus necesidades médicas. En promedio, cada mexicano desembolsa alrededor de cuatro mil pesos anuales de su bolsillo para consultas, medicamentos y otros servicios de salud.
En contraste, el gasto público anual por persona se ubica entre cinco mil 258 y cinco mil 664 pesos, dependiendo del esquema de atención al que pertenece.
La investigadora Laura Flamand explicó que una parte de la población desconoce a qué servicios tiene derecho o enfrenta dificultades para recibir atención, incluso cuando puede acceder formalmente a un sistema público.
Como ejemplo, señaló que la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2024 registró a 4.5 millones de personas que identificaron al IMSS-Bienestar como su fuente de protección sanitaria, pese a que alrededor de 70 millones podían recurrir a sus servicios.
Para Flamand, uno de los primeros pasos para reducir esa brecha es facilitar que las personas conozcan y puedan ejercer su derecho a la atención médica. En ese sentido, consideró que el proceso de credencialización del IMSS-Bienestar puede contribuir a que la población identifique los servicios a los que tiene acceso.
Los responsables de Salud quebrada señalaron que el propósito del trabajo es aportar evidencia para orientar las decisiones públicas y colocar la salud entre las prioridades nacionales. Su diagnóstico plantea que la integración institucional debe acompañarse de mayor inversión, infraestructura suficiente y mejores condiciones para el personal sanitario, si se pretende que el acceso a la atención médica deje de depender de los ingresos o del lugar donde vive cada persona.