Especialistas internacionales advierten que el país necesita fortalecer sus instituciones, modernizar el arbitraje y anticipar conflictos comerciales para generar confianza entre los inversionistas. También plantean aprovechar la inteligencia artificial sin comprometer la independencia ni la transparencia de las decisiones.
En un escenario internacional marcado por la transformación del comercio, la relocalización de inversiones y el avance de nuevas tecnologías, México enfrenta el reto de fortalecer la certeza jurídica y la confianza en sus instituciones para mantener su atractivo como destino de capitales.
Esta fue una de las principales conclusiones del 5th ICC Mexican Arbitration Day, organizado por la International Chamber of Commerce México (ICC México), que reunió en la Ciudad de México a árbitros, abogados, empresarios y especialistas de Europa, Estados Unidos y América Latina para analizar los desafíos de la resolución internacional de controversias.
Durante la inauguración, Alberto Espinosa Desigaud, presidente de ICC México, advirtió que la fragmentación del comercio mundial, los cambios en las cadenas de suministro y el avance de la inteligencia artificial están modificando las condiciones en las que operan las empresas y los inversionistas.
En ese contexto, señaló que México enfrenta desafíos de certeza jurídica asociados con la reforma al Poder Judicial, en vigor desde 2025, cuyos efectos sobre la percepción de riesgo pueden influir en las decisiones de inversión y los flujos de capital.
Ante este panorama, destacó la importancia de fortalecer el arbitraje y otros mecanismos alternativos de solución de controversias, al considerarlos herramientas para proteger inversiones, reducir la incertidumbre y ofrecer mayor certidumbre a las empresas.
La posición de México en el ámbito internacional del arbitraje quedó reflejada en las cifras de ICC correspondientes a 2025: el país se ubicó entre los diez primeros del mundo por número de partes involucradas en estos procedimientos, con 67 participantes mexicanos, mientras que la Ciudad de México ocupó el noveno lugar entre las sedes arbitrales más utilizadas.
Sin embargo, los especialistas advirtieron que contar con una legislación favorable al arbitraje no basta para consolidar una sede confiable. También se requiere independencia judicial, especialización y decisiones previsibles que fortalezcan la seguridad jurídica.
Patricia de Figueiredo Ferraz, directora de Arbitraje y ADR de ICC para América Latina, informó que desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Arbitraje de ICC, el 1 de junio de 2026, se habían registrado 362 nuevos casos, 25 solicitudes de árbitro de emergencia y 45 aplicaciones del procedimiento expedito.
Estas cifras, explicó, reflejan la necesidad de modernizar los procedimientos y agilizar la resolución de controversias, sin debilitar las garantías fundamentales que sustentan la confianza en el arbitraje.
Durante el encuentro también se presentó un proyecto conjunto del Instituto de Derecho Mercantil Internacional de ICC y el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT), orientado a desarrollar principios y cláusulas modelo para que inversionistas y Estados puedan negociar mecanismos contractuales de protección y solución de controversias.
La iniciativa, todavía en desarrollo, está dirigida particularmente a grandes proyectos de infraestructura y concesiones, y busca complementar los instrumentos existentes para ofrecer mayor previsibilidad jurídica a las partes.
Mediación: resolver conflictos antes de llegar a los tribunales
Otro de los temas centrales fue la necesidad de incorporar la mediación desde las primeras etapas de las relaciones comerciales, en lugar de recurrir a ella únicamente cuando las negociaciones ya se encuentran deterioradas o han fracasado otros mecanismos.
Especialistas de Costa Rica, Chile y México coincidieron en que es necesario transformar la cultura jurídica y promover contratos internacionales con cláusulas escalonadas que faciliten el diálogo, la negociación y la intervención temprana ante posibles desacuerdos.
La mediación permite reducir costos, preservar relaciones comerciales y alcanzar acuerdos sostenibles. No obstante, su consolidación requiere mediadores independientes, formación especializada, capacidad para atender diferencias interculturales y condiciones que garanticen el equilibrio entre las partes.
Los participantes también subrayaron la importancia de impulsar políticas públicas e incentivos empresariales que permitan posicionar este mecanismo como una alternativa estratégica para prevenir y resolver conflictos.
Inteligencia artificial, innovación con responsabilidad
La transformación tecnológica del arbitraje también ocupó un lugar destacado en las discusiones. Los especialistas reconocieron que la inteligencia artificial ya facilita tareas como la investigación jurídica, el análisis de documentos y el procesamiento de grandes volúmenes de información.
Sin embargo, advirtieron que su incorporación plantea desafíos relacionados con la confidencialidad, la transparencia y la confiabilidad de los resultados.
Por ello, coincidieron en que estas herramientas deben complementar el trabajo de abogados y árbitros, pero no sustituir su razonamiento ni su responsabilidad en la valoración de las pruebas y la emisión de decisiones jurídicas.
En materia de fortalecimiento institucional, Espinosa Desigaud destacó los esfuerzos de ICC México para contribuir a la capacitación de las nuevas personas juzgadoras mediante tres diplomados desarrollados en colaboración con instituciones académicas y judiciales.
La quinta edición del encuentro dejó como mensaje central que México necesita convertir su experiencia en materia de arbitraje y su presencia internacional en ventajas concretas para atraer inversiones. Para lograrlo, deberá avanzar hacia instituciones confiables, procedimientos eficientes y mecanismos capaces de anticipar y resolver controversias comerciales.
Los participantes coincidieron en que la modernización de las reglas y la innovación tecnológica solo podrán fortalecer la competitividad del país si se sustentan en la independencia, el debido proceso y el respeto al Estado de derecho.