Especialistas, legisladores, diplomáticos y académicos analizaron los desafíos de la gobernanza del agua subterránea en las fronteras de México. Durante un coloquio internacional, señalaron la necesidad de armonizar leyes, acuerdos y mecanismos de cooperación para enfrentar los conflictos por el acceso y aprovechamiento del recurso.
El reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano no garantiza, por sí mismo, que exista una mayor disponibilidad del recurso para la población. Así lo advirtió María del Carmen Carmona Lara, coordinadora del Área de Derecho Ambiental del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante la inauguración del Coloquio Internacional “Gobernanza del Agua Subterránea en las Fronteras de México”.
La especialista explicó que, aunque la Ley General de Aguas establece el derecho al acceso, disposición y saneamiento del líquido para uso personal y doméstico, el desafío consiste en garantizar su disponibilidad y establecer mecanismos adecuados para regular su aprovechamiento.
Carmona Lara señaló que la gestión del agua en México adquiere particular complejidad debido a que la legislación nacional considera este recurso como parte de los bienes de la nación, una concepción que difiere de los marcos jurídicos de países vecinos como Estados Unidos, Belice y Guatemala.
En el caso de Belice, explicó, existen formas distintas de apropiación, distribución y aprovechamiento del recurso, mientras que Guatemala contempla en su marco constitucional el concepto de “cuencas soberanas”. Por ello, cualquier acuerdo de cooperación debe considerar las particularidades jurídicas de cada país y mecanismos como las cuotas de compensación.
La académica destacó que el agua subterránea, pese a su carácter poco visible, representa un asunto de especial relevancia que también requiere atención desde el ámbito jurídico, particularmente en las regiones fronterizas, donde los acuíferos y las fuentes de abastecimiento no necesariamente coinciden con los límites políticos.
Fronteras que comparten el agua
Durante el encuentro, la diputada federal Ana Erika Santana González subrayó que el acceso al agua constituye un tema prioritario para las ciudades fronterizas, debido a que el recurso no reconoce divisiones territoriales ni políticas.
Advirtió que, con frecuencia, las comunidades dan por hecho que cuentan con abastecimiento, sin conocer con precisión de dónde proviene el agua ni cuáles son los mecanismos para administrarla y garantizar su disponibilidad a largo plazo.
La legisladora consideró indispensable conciliar las necesidades de las ciudades, las actividades agrícolas y la industria, además de proteger la salud de los ecosistemas, particularmente playas y ríos.
Por su parte, Luis Antonio Rascón Mendoza, director de Ingeniería de la Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, destacó la importancia de los temas abordados en el coloquio para el trabajo de ese organismo binacional.
Explicó que la comisión atiende asuntos relacionados con aguas superficiales y subterráneas, los ríos Bravo y Colorado, la infraestructura construida sobre estos cauces y las controversias que surgen entre ambos países en materia de recursos hídricos.
El coloquio fue organizado por el IIJ, la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra, la Red del Agua de la UNAM, la Cámara de Diputados, el Congreso de Baja California, la Embajada de Pakistán en México y la Fundación Mundial Ética de México. También participaron representantes legislativos, integrantes de instituciones académicas y personal diplomático.
Cooperación más allá de las fronteras
En la jornada inaugural, Wagner Costa Ribeiro, catedrático de tiempo completo de la Universidad de São Paulo, Brasil, y coordinador de la Red de Investigación en Geografía del Agua en ese país, explicó que el agua transfronteriza es aquella compartida por dos o más entidades políticas, que no necesariamente corresponden a Estados nacionales.
El especialista indicó que en el mundo existen 286 cuencas transfronterizas que involucran a 153 países, además de 592 acuíferos que atraviesan fronteras. Estas cifras, señaló, reflejan que el agua no es únicamente un elemento natural, sino también un recurso con dimensiones culturales, económicas, sociales y políticas.
Aunque el planeta cuenta con grandes reservas de agua, su distribución y acceso son desiguales, particularmente en regiones con elevada concentración de población, situación que puede generar disputas entre comunidades y gobiernos.
Durante su conferencia “Agua transfronteriza en Brasil: impases y cooperación”, Ribeiro retomó datos de la Organización de las Naciones Unidas que estiman que alrededor de dos mil millones de personas carecen de acceso al agua.
A partir de este panorama, sostuvo que los Estados nacionales enfrentan dificultades para responder a los problemas socioambientales y que, en muchos casos, la sociedad tiene una participación limitada en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de los recursos naturales.
Asimismo, compartió experiencias de gobernanza en el Acuífero Guaraní y la cuenca del Amazonas, sistemas hídricos que involucran a varios países y cuya administración requiere coordinación internacional.
Estos casos, explicó, muestran las dificultades que pueden surgir cuando las legislaciones nacionales deben armonizarse con los principios y compromisos del derecho internacional.
Las reflexiones del encuentro pusieron de relieve que la protección del agua subterránea y la garantía de su acceso no dependen únicamente de reconocerla como un derecho, sino también de construir acuerdos entre países, fortalecer las instituciones y establecer mecanismos de cooperación que permitan atender las necesidades de la población sin comprometer la disponibilidad futura del recurso.