La Suprema Corte analiza un criterio que permitiría al SAT mantener el cobro de IVA a maquiladoras por distintas operaciones, en una controversia de al menos 44 mil millones de pesos. Al mismo tiempo, organismos empresariales piden cautela ante un nuevo aumento al salario mínimo, debido al bajo crecimiento económico y los costos que implicará la reducción de la jornada laboral.
Las empresas mexicanas enfrentan un panorama de mayores obligaciones fiscales y laborales rumbo a 2027. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analiza un proyecto que podría respaldar el criterio del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para exigir el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las maquiladoras por operaciones relacionadas con la importación de mercancías y la adquisición de insumos. Por otro, el sector empresarial advierte que las condiciones económicas dificultan absorber nuevos incrementos salariales.
La propuesta, elaborada por la ministra Yasmín Esquivel Mossa, permitiría mantener el criterio fiscal que ha generado controversias por al menos 44 mil millones de pesos correspondientes a operaciones realizadas entre 2019 y 2023.
El proyecto plantea que las empresas maquiladoras cubran el IVA al retirar mercancías de la aduana y, además, retengan el impuesto por la adquisición de insumos a proveedores extranjeros que no cuentan con establecimiento en México.
Para reducir el impacto financiero de esta disposición, la iniciativa contempla un mecanismo de amortización mensual de los adeudos. Las compañías podrían acreditar los pagos efectuados contra sus obligaciones fiscales de los meses posteriores y liquidar únicamente las diferencias que resulten.
Entre las empresas involucradas en controversias de esta naturaleza se encuentra Samsung, a la que se le determinó un crédito fiscal de 6 mil 371 millones de pesos por operaciones correspondientes a 2015 y 2016.
De acuerdo con información publicada por Reforma, fuentes del sector fiscal consideran que el mecanismo propuesto busca moderar las consecuencias económicas de los cobros, tanto en los créditos fiscales que actualmente se encuentran en litigio como en las operaciones futuras.
Para que el criterio de la Corte genere jurisprudencia se requieren al menos cinco votos de los nueve ministros. En caso de aprobarse, podría aplicarse a los juicios que todavía no cuentan con una sentencia definitiva.
La propuesta de Esquivel retoma un proyecto que fue retirado en octubre de 2025, aunque incorpora el esquema de pagos mensuales y acreditamiento del impuesto, una alternativa que no estaba contemplada en la versión anterior.
Hasta ahora, tanto la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa como el Pleno Administrativo de la Región Centro Norte han sostenido que las maquiladoras únicamente deben pagar el IVA correspondiente a la importación, lo que refleja las diferencias de interpretación fiscal que mantienen el sector y las autoridades.
Empresarios piden cautela ante el aumento salarial
En paralelo, los principales organismos empresariales solicitaron prudencia en la definición del incremento al salario mínimo para 2027. Durante su participación ante la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, presentaron un análisis en el que expusieron las dificultades que enfrentan las compañías para absorber nuevos aumentos en las remuneraciones.
El sector patronal atribuyó la reducción de sus márgenes de maniobra al bajo crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), la disminución sostenida de la inversión fija bruta, la contracción de la actividad manufacturera y la limitada generación de empleos formales.
A estas condiciones se sumará la implementación gradual de la reducción de la jornada laboral, que comenzará en 2027 y representará nuevas obligaciones organizativas y económicas para los empleadores.
Los representantes empresariales señalaron que el incremento salarial acumulado también debe considerarse en la próxima negociación. De acuerdo con sus cálculos, el salario mínimo general aumentó 173 por ciento en términos reales entre diciembre de 2016 y mayo de 2026.
Actualmente, ese ingreso equivale al 78 por ciento del valor de 2.5 canastas básicas, objetivo establecido por el Gobierno federal. En la Zona Libre de la Frontera Norte, la meta ya fue superada en 9 por ciento.
Ante este escenario, la iniciativa privada pidió que la decisión sobre el salario mínimo de 2027 considere tanto la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores como la capacidad financiera de las empresas, particularmente de aquellas que enfrentan mayores costos de operación.
Así, el debate fiscal sobre las maquiladoras y la negociación salarial anticipan un año de ajustes para el sector productivo, en el que las decisiones de la Suprema Corte y de las autoridades laborales tendrán repercusiones directas sobre los costos y la operación de miles de empresas en México.