El gobernador de Tamaulipas respaldó la revisión de proveedores, montos y procedimientos de adjudicación del sistema electoral, y llamó a esclarecer posibles irregularidades sin anticipar responsabilidades individuales.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, se pronunció a favor de una revisión integral de los contratos celebrados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y los organismos públicos locales electorales, con el propósito de transparentar el uso de los recursos y determinar si existieron irregularidades en la contratación de proveedores.
En un posicionamiento, el mandatario estatal respaldó la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la necesidad de investigar posibles redes empresariales vinculadas con la prestación de servicios y el suministro de materiales electorales, cuyos antecedentes, de acuerdo con la información presentada por autoridades federales, se remontarían a varias décadas.
Villarreal Anaya consideró necesario esclarecer las relaciones entre empresas, instituciones y actores políticos que pudieron influir en la permanencia de determinados proveedores dentro de los organismos electorales. No obstante, subrayó que cualquier responsabilidad individual debe acreditarse mediante pruebas y resoluciones de las autoridades competentes.
Piden esclarecer vínculos y antecedentes de proveedores
Entre los nombres mencionados en el contexto de las investigaciones figuran Marco Antonio Baños, Edmundo Jacobo y Lorenzo Córdova, debido a su trayectoria dentro de las instituciones electorales.
En el caso de Córdova, el planteamiento apunta a revisar las decisiones institucionales tomadas durante su gestión al frente del Consejo General del INE, particularmente en relación con la designación de consejeros de organismos electorales estatales que posteriormente contrataron a las empresas señaladas. Sin embargo, la referencia a esas decisiones no acredita por sí misma una intervención irregular.
También se menciona la trayectoria de Guadalupe Taddei, quien en 2014 fue designada presidenta del organismo electoral de Sonora por el Consejo General del INE, entonces encabezado por Córdova, y en 2023 llegó a la presidencia del instituto nacional mediante el procedimiento de insaculación realizado por la Cámara de Diputados.
Respecto al origen de las empresas, la información presentada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno hace referencia a los antecedentes de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, cuyos pasos por la Secretaría de Gobernación durante la década de los ochenta y posteriormente por el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) forman parte de los elementos que se busca examinar.
El posicionamiento también alude a presuntos vínculos de Juan Carlos Padilla Aguilar con los empresarios y con Guadalupe Acosta Naranjo, en el contexto del Frente Cívico Nacional y las coincidencias en torno al proyecto partidista SOMOS. Estas referencias forman parte de los señalamientos que requieren esclarecimiento y no constituyen, por sí mismas, pruebas de responsabilidad.
Llaman a publicar contratos rumbo a las elecciones de 2027
Ante este escenario, el gobernador exhortó al INE y a los organismos electorales de las entidades, incluido el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), a hacer públicos sus contratos, proveedores, montos, mecanismos de adjudicación y criterios utilizados para seleccionar a las empresas.
La petición busca que la ciudadanía tenga acceso a información suficiente para conocer cómo se ejercen los recursos públicos destinados a la organización de los procesos electorales y, en su caso, identificar posibles conflictos de interés o prácticas contrarias a la normativa.
Villarreal Anaya sostuvo que la autonomía de las instituciones electorales debe estar acompañada de transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas, especialmente ante la cercanía de los comicios de 2027.
“Que se conozca toda la verdad, que se investigue hasta el fondo y que se sancione a quien resulte responsable”, expresó al reiterar su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.
La revisión de los contratos y de los antecedentes de los proveedores deberá permitir que las autoridades competentes determinen si existieron irregularidades y, de ser el caso, establezcan las responsabilidades correspondientes, sin prejuzgar sobre las personas mencionadas.