Clara Brugada presentó una estrategia para mejorar las condiciones de internamiento, fortalecer la reinserción social y reducir la reincidencia delictiva. Las primeras obras se realizarán en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
Ciudad de México.— El Gobierno de la Ciudad de México anunció una reestructuración del sistema penitenciario capitalino, con una inversión inicial de 200 millones de pesos para 2026 destinada a rehabilitar servicios básicos y mejorar las condiciones de los centros de reclusión.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, dio a conocer la estrategia durante la presentación del informe mensual de seguridad correspondiente a septiembre. Explicó que el objetivo es avanzar hacia un modelo que garantice condiciones dignas de internamiento, favorezca la reinserción social y contribuya a disminuir la reincidencia delictiva.
Las primeras acciones de rehabilitación comenzarán en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, como parte de un programa que contempla tanto mejoras en la infraestructura como medidas de atención integral para las personas privadas de la libertad.
“Buscamos un modelo que garantice una verdadera reinserción social y erradique la reincidencia, dando acompañamiento integral a las personas privadas de la libertad antes y después de cumplir su condena”, señaló la mandataria.
Tres ejes para transformar las cárceles
La estrategia del Gobierno capitalino estará organizada en tres líneas de acción: la rehabilitación física de los centros penitenciarios, la intervención socioeducativa durante el cumplimiento de las condenas y el acompañamiento posterior a la salida de prisión.
El propósito es que la atención penitenciaria no se limite al periodo de internamiento, sino que también incluya herramientas para facilitar la reintegración de las personas a la sociedad una vez que concluyan sus sentencias.
Brugada también anunció la creación de un sistema de defensoría jurídica gratuita dirigido a personas que no cuentan con recursos para acceder a estos servicios.
Además, adelantó que enviará al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de Ley de Amnistía, aunque no se detallaron los alcances ni los criterios que contemplaría la propuesta.
Seguridad rechaza señalamientos de autogobierno
Durante la presentación, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, rechazó las versiones que señalan la existencia de esquemas de autogobierno o control criminal dentro de los centros penitenciarios de la capital.
El funcionario calificó de erróneas esas afirmaciones y solicitó establecer una mesa de trabajo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para revisar la metodología utilizada en sus informes.
La propuesta busca contrastar los señalamientos sobre las condiciones de reclusión y revisar los elementos que sustentan las evaluaciones de los organismos de derechos humanos.
Sobrepoblación en zonas específicas
Vázquez Camacho también cuestionó que exista un hacinamiento generalizado del 130% en el sistema penitenciario capitalino. Según explicó, la capacidad total de los centros debe analizarse considerando las condiciones particulares de cada instalación.
No obstante, reconoció que existen zonas específicas con sobrepoblación, relacionada, entre otros factores, con la necesidad de mantener separados a quienes están en prisión preventiva de las personas que cumplen una sentencia, conforme a las disposiciones legales aplicables.
La distinción es relevante para evaluar la distribución de la población penitenciaria y determinar qué áreas requieren ajustes de infraestructura o reorganización.
Reclusorios con hasta siete décadas de antigüedad
La Secretaría de Seguridad Ciudadana señaló que los reclusorios Norte, Sur y Oriente, así como la Penitenciaría, tienen entre 50 y 70 años de antigüedad.
El envejecimiento de estas instalaciones representa un desafío para adaptar sus espacios a las necesidades actuales del sistema penal acusatorio, así como para mejorar los servicios básicos y las condiciones de internamiento.
Con la inversión anunciada y las medidas de atención jurídica, educativa y postpenitenciaria, el Gobierno capitalino busca establecer una nueva etapa en la gestión de las cárceles. El alcance de la reestructuración dependerá de la ejecución de las obras, la implementación de los programas y los resultados que se obtengan en materia de reinserción social y reincidencia.