CEM alerta por posibles riesgos a la libertad de expresión en nuevos lineamientos para medios.

El Episcopado Mexicano llamó a participar en la consulta pública sobre los derechos de las audiencias y advirtió que la regulación no debe convertir a una autoridad administrativa en árbitro de lo que puede considerarse verdadero o falso.

La discusión sobre cómo proteger a las audiencias de radio y televisión entró en una nueva etapa, pero también abrió un debate sobre los límites que debe tener el Estado frente a los medios de comunicación.

La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su preocupación por algunos aspectos del proyecto de Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, actualmente sometido a consulta pública, al considerar que determinadas disposiciones podrían afectar la libertad de expresión, la libertad religiosa y la independencia editorial.

En un mensaje difundido el 13 de agosto, los obispos reconocieron la importancia de garantizar los derechos de quienes consumen contenidos audiovisuales y señalaron que la regulación contiene elementos positivos. Sin embargo, marcaron una línea que consideran fundamental: la protección de las audiencias no debe traducirse en la facultad de una autoridad para decidir qué información es verdadera y cuál es falsa.

“Ninguna autoridad administrativa puede erigirse en calificadora de la verdad”, sostuvo la CEM.

La consulta pública, abierta del 27 de julio al 21 de agosto de 2026, representa para el Episcopado una oportunidad para revisar los alcances de la propuesta antes de su eventual aprobación.

El punto más delicado: quién determina qué es verdad

Uno de los principales cuestionamientos de la CEM se concentra en la posibilidad de que una autoridad administrativa pueda calificar contenidos como “falsos” o “descontextualizados”.

Para los obispos, conceptos de esta naturaleza requieren límites claros, particularmente cuando su aplicación pudiera estar acompañada de sanciones. El riesgo, advierten, sería que los medios terminaran sujetos a criterios oficiales de veracidad, con consecuencias directas sobre el ejercicio periodístico.

La preocupación no implica, según el propio Episcopado, rechazar la protección de las audiencias. De hecho, reconoce como avances la prohibición expresa de la censura previa, la protección contra la discriminación por motivos religiosos, el derecho de las personas a recibir contenidos que reflejen el pluralismo del país y las medidas dirigidas a proteger a grupos vulnerables frente a la manipulación o la publicidad engañosa.

El debate está, entonces, en cómo se aplicarán esas garantías y quién tendrá la última palabra.

Libertad religiosa e independencia editorial

La CEM también colocó sobre la mesa la libertad religiosa. Consideró que las personas deben poder profesar, expresar y difundir sus creencias sin que sus convicciones sean sometidas a juicios administrativos sobre su supuesta veracidad.

El planteamiento adquiere una particularidad en México, donde las asociaciones religiosas no pueden poseer ni administrar concesiones de radio y televisión. Por ello, el Episcopado considera necesario garantizar que las distintas expresiones religiosas —y también quienes no profesan ninguna religión— formen parte del pluralismo que debe existir en los medios.

Otro frente de preocupación es la independencia editorial.

El proyecto contempla facultades relacionadas con los códigos de ética de los medios y con las decisiones adoptadas por los defensores de las audiencias. Para la CEM, una intervención excesiva de la autoridad podría debilitar la capacidad de los medios para establecer sus propios criterios éticos y editoriales.

“La autorregulación ética es un bien que florece en libertad; sujeta de modo permanente a la validación oficial, deja de ser autorregulación”, señaló el organismo.

La discusión adquiere relevancia porque los códigos de ética no sólo establecen reglas de actuación periodística: también reflejan la identidad, misión y valores de cada medio.

El Episcopado pide participar antes del 21 de agosto

Frente a estas preocupaciones, la CEM no se limitó a expresar su postura. También hizo un llamado a participar activamente en la consulta pública antes de que concluya el 21 de agosto.

La invitación está dirigida a fieles laicos, comunicadores, universidades, instituciones educativas, colegios de profesionistas, organizaciones civiles y ciudadanía en general.

El Episcopado considera que presentar observaciones durante el proceso regulatorio forma parte de la participación democrática y no debe verse como un simple trámite administrativo.

“La participación ciudadana no es un trámite del proceso regulatorio, sino un ejercicio de corresponsabilidad con el bien común”, sostuvo.

Con esta postura, la CEM se suma al debate sobre una regulación que busca fortalecer los derechos de las audiencias, pero que también enfrenta el desafío de encontrar un equilibrio entre proteger al público, combatir abusos y desinformación, y preservar la libertad con la que deben operar los medios.

El punto de fondo queda planteado: regular los contenidos sin convertir la regulación en una herramienta para determinar oficialmente qué puede decirse, qué debe rectificarse y qué puede considerarse verdadero.

Y mientras la consulta permanece abierta, la decisión final tendrá que responder precisamente a esa tensión entre protección de las audiencias y libertad de expresión.