La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió durante agosto una nueva sección en su portal oficial denominada “Mentiras sobre la CNDH”, un espacio creado para responder y refutar publicaciones periodísticas y señalamientos que el organismo considera falsos o imprecisos.
El apartado reúne distintas publicaciones acompañadas, en varios casos, por la etiqueta “FALSO”, seguida de una explicación y enlaces a comunicados previamente difundidos por la propia Comisión. Con esta estrategia, la CNDH busca establecer de manera directa su postura frente a contenidos relacionados con su actuación.
Entre los medios señalados aparecen El Universal, Milenio, Reporte Índigo y El Heraldo de Aguascalientes, además de pronunciamientos de exconsejeros, exfuncionarios y organizaciones de la sociedad civil. Los temas abordados van desde migración y salud hasta procuración de justicia y controversias relacionadas con administraciones anteriores.
La decisión, sin embargo, abrió un nuevo frente de discusión. Las críticas se concentran en el uso de infraestructura, recursos y canales institucionales de un organismo público para confrontar directamente contenidos periodísticos y voces críticas.
Para algunos integrantes del gremio periodístico, este mecanismo recuerda estrategias de comunicación gubernamental en las que las instituciones responden públicamente a los medios cuando cuestionan su actuación. El debate no se centra únicamente en el derecho de la CNDH a aclarar información, sino en los límites que debería observar un organismo público al utilizar sus plataformas oficiales para señalar a periodistas y medios.
La Comisión, por su parte, defiende la iniciativa bajo el argumento de que tiene derecho a aclarar información que considere falsa o imprecisa y proteger su reputación institucional.
Así, la sección “Mentiras sobre la CNDH” se convierte en un nuevo escenario de disputa entre la comunicación oficial y el ejercicio periodístico: mientras el organismo busca controlar y precisar su propia narrativa pública, sus críticos cuestionan si esa defensa institucional puede terminar convirtiéndose en una forma de confrontación con los medios.