El presidente de la Comisión de Justicia del Senado vinculó la salida de jueces locales con la posible postergación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y pidió fortalecer la deliberación legislativa con especialistas.
La renovación de los poderes judiciales en México comienza a tener efectos que van más allá de la integración de los tribunales. El senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia del Senado, afirmó que la elección judicial de 2025 dejó fuera a casi 60 por ciento de los juzgadores locales que ya habían sido capacitados para participar en la implementación del nuevo sistema de justicia civil y familiar.
El señalamiento fue realizado durante la firma de un convenio de colaboración entre la Comisión de Justicia y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), donde Corral vinculó esta situación con el proyecto de volver a posponer la entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
“En el proceso que tiene que ver con la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (…) la elección judicial del 25 nos ha hecho perder a casi el 60 por 100 de los juzgadores locales que ya estaban capacitados y formados en ese proceso”, afirmó.
Capacitación que tendría que comenzar de nuevo
De acuerdo con el planteamiento del senador, la sustitución de una parte importante de los juzgadores que habían recibido capacitación representa uno de los factores que complican la implementación del nuevo modelo de justicia civil y familiar.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares busca establecer reglas procesales comunes para este tipo de asuntos en todo el país. Su aplicación requiere, además de adecuaciones institucionales, que jueces y operadores jurídicos conozcan los procedimientos y herramientas contemplados por el nuevo sistema.
En ese contexto, Corral señaló que la eventual postergación de su entrada en vigor está relacionada, entre otras circunstancias, con la necesidad de volver a formar a quienes asumirán las funciones jurisdiccionales.
“Escuchar” también implica tomar en cuenta a los especialistas
El senador aprovechó la firma del convenio con el INACIPE para plantear que la colaboración entre academia y Poder Legislativo debe traducirse en decisiones concretas.
“Un convenio de estos a veces parece que son cuestiones como de trámite o sólo para ocupar el espacio mediático de un evento protocolario, pero nosotros queremos fundar en este acto un acto que nos compromete a ambos”, sostuvo.
Corral reconoció que el Senado puede recibir opiniones de especialistas, pero consideró necesario avanzar hacia mecanismos de deliberación que permitan incorporar esas aportaciones en el proceso de construcción de las leyes.
“Lo que nosotros necesitamos empezar a experimentar son procesos de deliberación que nos comprometan, porque escuchar tiene la responsabilidad de hacerle caso a quienes se escucha, sobre todo si son expertos, especialistas”, expresó.
El debate sobre los “jueces sin rostro”
Durante su intervención, el presidente de la Comisión de Justicia también se refirió a las modificaciones al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la propuesta relacionada con los llamados “jueces sin rostro”, una figura que permitiría reservar la identidad de los juzgadores en determinados procesos.
Corral señaló que, después de las discusiones sobre esa iniciativa, se planteó al Poder Ejecutivo la posibilidad de detener su trámite o excluir la incorporación de esta figura.
Según explicó, una alternativa sería aprovechar ese proceso para impulsar una revisión más amplia del Código Nacional de Procedimientos Penales, en lugar de concentrar la reforma únicamente en la incorporación de los jueces sin rostro.
Una discusión que alcanza a distintos códigos nacionales
Los planteamientos expuestos por Corral muestran que la implementación de los nuevos sistemas procesales enfrenta discusiones tanto jurídicas como operativas.
Por un lado, está la transición hacia reglas nacionales en materia civil y familiar y la preparación de quienes deberán aplicarlas. Por otro, continúa el debate sobre posibles modificaciones al sistema penal y los mecanismos para proteger a jueces y participantes en procesos relacionados con delincuencia organizada.
En ambos casos, el senador planteó que la discusión legislativa debe apoyarse en conocimiento especializado, investigación y deliberación, particularmente cuando las reformas pueden modificar de manera profunda el funcionamiento del sistema de justicia.
El convenio entre la Comisión de Justicia y el INACIPE busca precisamente establecer ese puente entre especialistas y legisladores. Para Corral, el desafío será que esa colaboración trascienda el acto protocolario y se refleje en la forma en que se analizan, modifican y eventualmente aprueban las futuras reformas jurídicas.