Corte avala el Fondo de Pensiones para el Bienestar; la decisión abre debate por 45 mil millones de pesos.

La Suprema Corte validó el mecanismo que permite transferir al Fondo de Pensiones para el Bienestar recursos de cuentas de trabajadores que no hayan sido reclamados al alcanzar determinada edad. Aunque los ministros sostienen que los ahorros siguen perteneciendo a sus titulares, el fallo reaviva la discusión sobre la administración de una bolsa multimillonaria.

La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) promete convertirse en uno de esos fallos que seguirán siendo discutidos durante años. El máximo tribunal avaló la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar, mecanismo mediante el cual recursos de cuentas individuales de trabajadores que no hayan sido reclamados al cumplir cierta edad podrán pasar a la administración de un organismo público.

El monto involucrado no es menor: alrededor de 45 mil millones de pesos.

La reforma establece que los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez administrados por las Afore pueden ser transferidos al fondo cuando los trabajadores afiliados al IMSS lleguen a los 70 años sin haberlos reclamado. En el caso de los trabajadores del Issste, el límite es de 75 años.

A primera vista, el cambio podría parecer únicamente administrativo: los recursos dejan de estar bajo la gestión de las administradoras privadas de fondos para el retiro y pasan a un mecanismo de carácter público. Sin embargo, detrás de esa transferencia existe una discusión más profunda: ¿qué ocurre con el dinero de un trabajador cuando no lo reclama dentro del plazo establecido y quién debe administrarlo?

El ahorro no desaparece, sostiene la Corte

Uno de los argumentos centrales de los ministros que avalaron la reforma es que el trabajador no pierde la propiedad de sus recursos.

De acuerdo con la resolución, el dinero continúa perteneciendo a su titular o, en su caso, a sus beneficiarios. Por ello, el hecho de que los recursos sean transferidos al Fondo de Pensiones para el Bienestar no significa que el Estado pueda apropiarse de ellos de manera definitiva.

La persona que tenga derecho sobre esos recursos puede solicitar su devolución.

En otras palabras, la reforma modifica quién administra temporalmente el dinero, pero no elimina el derecho de los trabajadores sobre sus ahorros.

Este punto fue determinante para la decisión judicial, pues la constitucionalidad del mecanismo dependía, entre otros aspectos, de que la transferencia no significara una expropiación de los recursos.

La pregunta que queda después del fallo

Pero el debate no termina con la resolución de la Corte.

Si los recursos siguen perteneciendo a los trabajadores, la siguiente pregunta es inevitable: ¿por qué era necesario trasladarlos a una nueva estructura financiera del Estado?

El Fondo de Pensiones para el Bienestar, conocido como Fonpebi, tendrá bajo su responsabilidad una cantidad considerable de recursos. La dimensión de esa bolsa convierte su administración en un asunto que trasciende lo financiero y alcanza directamente la esfera de la transparencia y la rendición de cuentas.

El reto será demostrar que el dinero puede ser administrado bajo reglas claras, mecanismos de vigilancia y controles suficientes para evitar cualquier uso indebido.

Porque una cosa es modificar la institución encargada de administrar los recursos y otra muy distinta garantizar que esa nueva administración esté verdaderamente blindada frente a intereses políticos o prácticas de corrupción.

Una fortuna que exige vigilancia

La creación del fondo ocurre en un contexto en el que el sistema de pensiones representa uno de los mayores desafíos financieros y sociales del país. Millones de trabajadores dependen de que los recursos acumulados durante su vida laboral sean administrados correctamente.

Por ello, la discusión sobre los 45 mil millones de pesos no puede reducirse a una disputa entre administración pública y privada.

El verdadero punto está en las garantías que tendrán los trabajadores para localizar sus recursos, reclamar lo que les corresponde y conocer qué sucede con el dinero mientras permanece bajo administración pública.

La Corte estableció que los derechos de los titulares permanecen vigentes. Ahora corresponde a las instituciones demostrar que esa protección existe también en la práctica.

La decisión judicial cerró una parte del debate constitucional, pero abrió otro mucho más amplio: cómo asegurar que una bolsa de recursos de esta magnitud sea administrada con absoluta transparencia y sin convertirse en patrimonio discrecional de quienes ocupen temporalmente el poder.

El Fondo de Pensiones para el Bienestar tendrá, por tanto, una prueba mucho mayor que la de administrar dinero. Tendrá que demostrar que puede hacerlo con confianza pública.

Porque en materia de pensiones, el dinero no es solamente una cifra en una cuenta: son años de trabajo acumulados y, para millones de personas, la posibilidad de contar con un ingreso cuando llegue el momento de retirarse.