La falta de controles sobre el origen de los recursos utilizados para elevar el salario de cotización habría facilitado esquemas de financiamiento y simulación laboral que ofrecían pensiones de hasta 70 mil pesos mensuales. Representantes obreros y especialistas advierten sobre posibles fraudes y riesgos de lavado de dinero.
La falta de reglas claras para acreditar la procedencia de los recursos destinados a incrementar el salario de cotización abrió un vacío que habría sido aprovechado por despachos, patrones y prestamistas para hacer negocio con la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mediante esquemas que ofrecían a los trabajadores pensiones de hasta 70 mil pesos mensuales.
Representantes del sector obrero ante el Consejo Técnico del organismo y abogados laboralistas señalaron que, a partir de estas prácticas, se identificaron 36 entidades financieras que mantenían convenios con el IMSS para otorgar créditos a trabajadores. Ante las irregularidades detectadas, el Instituto suspendió temporalmente la colocación de préstamos y suscribió convenios modificatorios.
La representante obrera Leslie Baeza explicó que algunas financieras, al menos cinco de ellas, habrían rebasado las condiciones autorizadas al otorgar créditos respaldados con escrituras u otras garantías, incluso antes de que el IMSS resolviera el otorgamiento de la pensión.
El crecimiento de este esquema también se refleja en las cifras de pensionados. De acuerdo con José Luis Carazo, representante del sector obrero, entre diciembre de 2018 y junio de este año el número de personas pensionadas mediante esta modalidad aumentó 201 por ciento, al pasar de 252 mil a 798 mil.
Baeza indicó que los recursos destinados al pago de estas pensiones ascendían a aproximadamente 251 mil millones de pesos anuales, según información presentada durante la sesión extraordinaria del Consejo Técnico del IMSS, celebrada el pasado 10 de octubre.
En entrevista, detalló que al 31 de julio se contabilizaban 267 mil 678 asegurados en la Modalidad 40. De ese total, 103 mil 461 cotizaban con un salario equivalente a entre ocho y nueve veces el mínimo, mientras que otros 44 mil 831 se ubicaban en un rango de nueve a diez veces.
En conjunto, estos dos grupos sumaban 148 mil 292 asegurados con niveles salariales de cotización asociados a pensiones superiores a los 70 mil pesos. En el extremo opuesto, 43 mil 913 personas tenían pensiones de hasta un salario mínimo, equivalente a poco más de 10 mil pesos.
Por su parte, el abogado laboral Ricardo Landero Aramburu explicó que alrededor de la Modalidad 40 se desarrollaron dos mecanismos distintos de financiamiento y acceso a pensiones.
El primero, considerado el más delicado por sus posibles implicaciones legales, consistía en pagar a empresas o cooperativas para que registraran a personas como trabajadores asegurados ante el IMSS, con el propósito de acumular semanas de cotización sin que necesariamente existiera una relación laboral real.
En otros casos, señaló, los patrones registraban a los trabajadores con determinado salario, pero posteriormente les exigían devolver los recursos recibidos, una práctica que, advirtió, podría facilitar operaciones de lavado de dinero.
El segundo mecanismo consistía en financiar las aportaciones voluntarias para elevar el salario de cotización y, con ello, aspirar a una pensión de entre 60 mil y 70 mil pesos mensuales.
Landero Aramburu precisó que incrementar el salario de cotización dentro de los límites establecidos por la legislación es una posibilidad contemplada en la ley; sin embargo, aclaró que simular relaciones laborales para obtener beneficios constituye una práctica distinta y potencialmente fraudulenta.
El especialista advirtió que el IMSS podría requerir a los asegurados acreditar la procedencia de los recursos utilizados para cubrir sus aportaciones, con el objetivo de identificar posibles irregularidades y evitar que la Modalidad 40 sea utilizada para encubrir operaciones financieras ilícitas.