La evolución de los grupos criminales en México apunta hacia una nueva etapa en la que la tecnología, la inteligencia y la capacidad de adaptación adquieren mayor relevancia que los enfrentamientos armados. Un análisis de especialistas advierte sobre el uso de drones con explosivos, sistemas de fibra óptica y posibles herramientas de navegación autónoma, mientras las instituciones buscan desarrollar contramedidas.
El avance tecnológico del crimen organizado en México está modificando las estrategias de seguridad y los mecanismos de confrontación entre las organizaciones delictivas y el Estado. La incorporación de drones, sistemas de comunicación especializados y herramientas de vigilancia ha abierto un nuevo escenario en el que la capacidad de innovación puede ser tan determinante como el poder de fuego.
Esta es una de las principales advertencias planteadas por los investigadores Ghaleb Krame y Eduardo Zerón García en el ensayo Nuevas amenazas emergentes de los cárteles mexicanos, en el que analizan la manera en que los grupos criminales han ampliado sus capacidades en tres ámbitos: el aéreo, el territorial y el ciberespacio.
El análisis sostiene que las organizaciones delictivas no necesariamente necesitan imponerse mediante enfrentamientos armados para conservar el control de sus zonas de operación. Su capacidad financiera, las redes internacionales de suministro y el acceso a tecnologías comerciales les permiten desarrollar nuevas herramientas y adaptar sus métodos con rapidez.
El texto también plantea una marcada diferencia entre los recursos económicos de las organizaciones criminales y los presupuestos de las instituciones encargadas de combatirlas. En ese contexto, señala que los ingresos anuales del narcotráfico en México podrían ubicarse entre 58 mil y 88 mil millones de dólares, frente a un presupuesto de aproximadamente 170 mil 753 millones de pesos asignado a la Secretaría de la Defensa Nacional para 2026.
A juicio de los autores, esta diferencia influye en las posibilidades de adquirir equipo, desarrollar tecnología y fortalecer capacidades operativas. A ello se suma que, mientras las instituciones públicas deben cumplir procedimientos administrativos para incorporar nuevas herramientas, los grupos criminales pueden actuar con mayor rapidez y sin restricciones legales.
La guerra entre Rusia y Ucrania, un referente tecnológico
Uno de los aspectos que más preocupa a los especialistas es la influencia de la guerra entre Rusia y Ucrania en la evolución de las capacidades de los grupos criminales mexicanos.
El conflicto se ha convertido en un escenario de observación para el desarrollo y perfeccionamiento de tecnologías militares, particularmente drones y sistemas de combate no tripulados. El ensayo señala que existe la posibilidad de que integrantes de organizaciones criminales hayan viajado a esa zona para conocer técnicas de combate y posteriormente transmitir esos conocimientos en México, aunque reconoce que esta relación no ha sido demostrada de manera concluyente.
En el territorio nacional, el análisis identifica la aparición de grupos especializados en explosivos, zapadores y operación de drones, lo que refleja una diversificación de las capacidades de las organizaciones delictivas.
La consecuencia es una confrontación tecnológica en la que las autoridades deben responder a herramientas que evolucionan constantemente y que pueden adaptarse a las medidas de contención implementadas por las fuerzas de seguridad.
Drones: de vigilar rutas a realizar ataques
El uso de vehículos aéreos no tripulados representa uno de los ejemplos más claros de esta transformación.
De acuerdo con Krame y Zerón García, los grupos criminales comenzaron a utilizar drones comerciales en zonas serranas de México y áreas cercanas a la frontera con Estados Unidos desde alrededor de 2020. Inicialmente, estos dispositivos servían principalmente para vigilar rutas, monitorear movimientos y facilitar actividades relacionadas con el trasiego de drogas.
Sin embargo, su utilización evolucionó hacia operaciones ofensivas. El ensayo refiere que, para 2023, se habían registrado al menos 260 ataques con drones equipados con explosivos y, según el documento, agentes químicos, en distintas zonas del país. Estas acciones habrían contribuido al desplazamiento de comunidades y a la disputa por territorios entre organizaciones criminales en al menos seis estados.
La incorporación de drones de visión en primera persona (FPV, por sus siglas en inglés) amplió las posibilidades de estas operaciones. Además de transportar explosivos, los aparatos comenzaron a utilizarse para tareas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, conocidas en el ámbito militar como misiones ISR.
Ante esta amenaza, las autoridades mexicanas incorporaron equipos antidrones, inhibidores de señales y dispositivos para interrumpir o neutralizar vuelos. Estas medidas se extendieron a distintas corporaciones de seguridad, particularmente en el contexto de los preparativos para la Copa Mundial de Futbol de 2026.
La fibra óptica, una respuesta a los inhibidores
La capacidad de adaptación de los grupos criminales quedó nuevamente en evidencia con la incorporación de drones controlados mediante cables de fibra óptica.
A diferencia de los dispositivos que dependen de señales de radiofrecuencia, estos aparatos transmiten las instrucciones del operador a través de un cable físico. Por esa razón, los inhibidores convencionales de señales no pueden interrumpir directamente su comunicación.
El ensayo cita como ejemplo el aseguramiento, entre el 4 y el 11 de octubre, de 63 cuadricópteros FPV de fabricación artesanal y al menos 59 bobinas de cable de fibra óptica en el sur de Sinaloa.
El material incautado también abrió interrogantes sobre la posible existencia de líneas clandestinas de ensamblaje. De acuerdo con declaraciones atribuidas al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, los equipos no estaban terminados y se encontraban destinados a ser ensamblados.
Para los investigadores, este hallazgo podría apuntar hacia una producción clandestina más organizada de este tipo de dispositivos, aunque el aseguramiento por sí solo no permite establecer el alcance de esa posible capacidad industrial.
El siguiente desafío podría estar relacionado con la incorporación de sistemas de navegación autónoma, capaces de mantener la trayectoria de un dron hacia un objetivo incluso cuando pierde la comunicación con su operador. Los autores advierten que esta tecnología podría representar una nueva dificultad para los mecanismos de defensa, aunque su incorporación por parte de los grupos criminales todavía es una posibilidad y no un hecho confirmado.
¿La estrategia oficial está respondiendo a las amenazas del futuro?
El desarrollo de drones propios también forma parte de los esfuerzos de modernización de las Fuerzas Armadas mexicanas. Sin embargo, el análisis plantea una discusión sobre el equilibrio entre desarrollar capacidades ofensivas y fortalecer los mecanismos de detección, prevención y neutralización de las tecnologías utilizadas por los grupos criminales.
Entre los proyectos mencionados se encuentran los planes de la Armada de México para ensamblar 762 drones bombarderos y 381 dispositivos tipo kamikaze. También se refiere al desarrollo de aeronaves de ala delta y a los trabajos de la Defensa Nacional para perfeccionar plataformas no tripuladas como el Holkan, el ASU-45 y el prototipo de vigilancia Quetzal, desarrollado en colaboración con la Secretaría de Ciencia.
El texto también señala que, a principios de agosto de 2026, la Defensa Nacional se incorporó al UAS Marketplace del Ejército de Estados Unidos, una plataforma digital para la adquisición de sistemas y contrasistemas aéreos no tripulados.
No obstante, la estrategia mexicana ha recibido cuestionamientos. El artículo cita un reporte de The Washington Post, publicado en septiembre, en el que cinco asesores de la Casa Blanca y un funcionario mexicano expresaron dudas sobre la pertinencia del equipo que estarían adquiriendo las agencias de seguridad del país.
De acuerdo con esa publicación, los críticos consideraron que las autoridades podrían estar comprando tecnología diseñada para enfrentar amenazas anteriores, en lugar de anticiparse a las nuevas formas de operación de los drones.
El mismo reporte advirtió que incluso Estados Unidos enfrenta dificultades para prepararse ante la velocidad con la que evoluciona esta tecnología, pese a sus avances en sistemas de defensa, incluidos los de energía dirigida.
Una disputa que también se libra en la innovación
El análisis de Krame y Zerón García plantea que el desafío para las instituciones mexicanas no consiste únicamente en adquirir más equipos, sino en comprender las condiciones que permiten a las organizaciones criminales incorporar nuevas tecnologías y anticipar sus siguientes movimientos.
La disponibilidad de componentes electrónicos, las redes internacionales de suministro, los recursos financieros y la rapidez para adaptar herramientas comerciales a fines ilícitos forman parte de un entorno que favorece la innovación criminal.
En ese escenario, la seguridad nacional enfrenta una competencia que ya no se limita al control territorial o a la capacidad de fuego. La vigilancia aérea, las comunicaciones, la inteligencia y el desarrollo de sistemas autónomos se han convertido en componentes de una disputa tecnológica que obliga a las autoridades a fortalecer sus capacidades de investigación, prevención y respuesta.

