Cargamentos valuados en cientos de millones de dólares fueron enviados al mercado estadounidense bajo acuerdos respaldados por la administración de Donald Trump, pero las dudas sobre su trazabilidad han frenado su procesamiento.
El oro venezolano llegó a Estados Unidos con una puerta abierta desde Washington, pero encontró un obstáculo inesperado antes de convertirse en lingotes comercializables: las dudas sobre su origen.
Una investigación publicada por The New York Times señala que cargamentos de oro procedentes de Venezuela, valuados en cientos de millones de dólares, permanecen almacenados en territorio estadounidense debido a las dificultades para acreditar que el metal no está relacionado con corrupción, minería ilegal, grupos armados o daños ambientales.
El episodio expone una de las contradicciones que acompañan la nueva relación económica entre Washington y Venezuela. Mientras la administración de Donald Trump impulsa la reapertura de sectores estratégicos venezolanos al mercado estadounidense, la industria enfrenta el reto de comprobar que las materias primas que llegan al país cumplen con los estándares internacionales de trazabilidad.
Del mineral venezolano a los almacenes de Estados Unidos
El metal enviado corresponde a oro doré, una aleación semiprocesada que todavía necesita pasar por una refinería para eliminar impurezas y alcanzar los niveles de pureza requeridos para su comercialización.
Ese proceso no es automático. Antes de aceptar el material, las refinerías deben revisar la procedencia del oro y evaluar los riesgos existentes a lo largo de la cadena de suministro.
En el caso venezolano, el problema es especialmente complejo. La región minera del Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar, ha sido señalada durante años por la presencia de grupos armados, explotación laboral, violencia y daños ambientales.
Reuters documentó en abril que organizaciones criminales y grupos armados tienen una presencia importante en algunas zonas mineras y que habitantes y activistas han denunciado extorsiones y violencia. La propia Organización de las Naciones Unidas ha documentado riesgos relacionados con explotación laboral, trata de personas, violaciones a derechos indígenas y destrucción ambiental en la región.
Un acuerdo impulsado desde Washington
El escenario contrasta con el cambio de política registrado durante 2026.
En marzo, la empresa estatal venezolana Minerven alcanzó un acuerdo con la comercializadora de materias primas Trafigura para suministrar entre 650 kilogramos y una tonelada de oro doré destinado al mercado estadounidense.
Un funcionario de la Casa Blanca confirmó entonces a Reuters la participación de la administración Trump en las negociaciones y señaló que el acuerdo buscaba contribuir a la recuperación del sector minero venezolano y garantizar a la industria estadounidense acceso a minerales considerados estratégicos.
El acuerdo no significó una apertura sin condiciones. Trafigura explicó posteriormente que el programa de abastecimiento se limitaría al oro producido por operaciones propiedad de Minerven y que se trabajaría en un esquema de abastecimiento responsable.
La empresa señaló que esa limitación buscaba excluir a proveedores externos y reducir el riesgo de que el metal proviniera de zonas del Arco Minero del Orinoco vinculadas con actividades criminales.
La trazabilidad se convierte en el principal problema
El desafío para las refinerías estadounidenses consiste en demostrar que cada cargamento puede seguirse desde su origen hasta el producto final.
Los estándares internacionales de la industria exigen procesos de debida diligencia para identificar posibles riesgos relacionados con lavado de dinero, corrupción, grupos armados, violaciones de derechos humanos y afectaciones ambientales.
Por eso, que el oro haya sido autorizado para llegar a Estados Unidos no significa necesariamente que pueda ser refinado de inmediato.
La dificultad para documentar cada etapa de la cadena de suministro puede convertir un cargamento legalmente autorizado en un problema comercial para las compañías encargadas de procesarlo.
El giro respecto a las sanciones
La situación representa un cambio respecto a la política aplicada por Washington durante los últimos años.
Estados Unidos había utilizado sanciones económicas para presionar al gobierno venezolano y había señalado los riesgos asociados con las operaciones de oro de la empresa estatal Minerven.
En 2026, sin embargo, Washington comenzó a permitir determinadas operaciones relacionadas con oro de origen venezolano, bajo condiciones específicas y con mecanismos de control sobre las transacciones. Bloomberg reportó que la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) abrió la puerta a que entidades estadounidenses realizaran determinadas operaciones con oro venezolano que anteriormente estaban restringidas.
El cambio forma parte de una política económica más amplia. La administración Trump también ha autorizado nuevas operaciones relacionadas con el petróleo venezolano y ha buscado atraer inversión extranjera hacia sectores estratégicos del país.
Un negocio millonario con un problema de origen
El acuerdo con Trafigura contempla hasta 1,000 kilogramos de oro doré, una cantidad que al momento de anunciarse fue valorada en alrededor de 165 millones de dólares.
Pero el valor del metal no elimina el problema que enfrenta la industria: demostrar de dónde salió cada gramo.
La apuesta de Washington es que la apertura controlada del mercado permita recuperar la producción minera venezolana y atraer inversiones. El riesgo señalado por organizaciones, habitantes y expertos es que la expansión de la minería termine incorporando cadenas de suministro que no puedan separarse completamente de las estructuras ilegales que durante años han operado en algunas regiones.
Por ahora, el oro venezolano ya cruzó una frontera que durante años permaneció prácticamente cerrada. El siguiente desafío es más complejo: convencer a las refinerías de que el metal puede ser procesado sin que su origen se convierta en un problema legal, financiero o reputacional.
El caso muestra que para Venezuela no basta con volver a vender oro en los mercados internacionales. La nueva etapa también exige demostrar que ese oro puede ser rastreado, certificado y comercializado bajo estándares que permitan a los compradores conocer con precisión qué hay detrás de cada lingote.