El Departamento del Tesoro señaló a las organizaciones guatemaltecas como colaboradoras logísticas del Cártel de Sinaloa y el CJNG en el traslado de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense. Las medidas incluyen el congelamiento de activos y restricciones a operaciones financieras y comerciales.
Estados Unidos amplió sus acciones contra las redes internacionales del narcotráfico al imponer sanciones a dos organizaciones criminales de Guatemala: Los Mendoza y Los Huistas. El Departamento del Tesoro las señaló por facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), agrupaciones que el Gobierno estadounidense clasifica como organizaciones terroristas extranjeras.
A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), la dependencia informó que ambas estructuras mantienen presencia en corredores estratégicos de las fronteras de Guatemala con Honduras y México. Desde esas zonas, presuntamente colaboran en la recepción, almacenamiento, protección y traslado de drogas como fentanilo, cocaína y metanfetamina con destino a Estados Unidos.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las medidas buscan exponer los vínculos entre organizaciones criminales guatemaltecas con influencia política y grupos mexicanos designados como terroristas por Washington. También advirtió que su dependencia continuará actuando contra las redes que facilitan el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.
Los Mendoza: una estructura familiar con presencia fronteriza
De acuerdo con el Gobierno estadounidense, Los Mendoza es una organización de origen familiar fundada en la década de 1980, a la que atribuye colaboración con el Cártel de Sinaloa mediante la facilitación de cruces fronterizos, pistas de aterrizaje clandestinas, instalaciones de almacenamiento y redes de protección.
Sus actividades se concentrarían principalmente en los departamentos guatemaltecos de San Marcos, Huehuetenango y Petén, aunque la estructura también habría extendido sus intereses económicos hacia Izabal y zonas cercanas a la frontera con México.
Además del narcotráfico, el Departamento del Tesoro vincula a esta organización con asesinatos por encargo y lavado de dinero. Según la información difundida, también habría acumulado propiedades y negocios mediante el despojo de tierras, actividades ganaderas y agrícolas e inversiones inmobiliarias.
Los Huistas y sus conexiones con Sinaloa y el CJNG
La segunda organización sancionada, Los Huistas, opera desde la década de 1990 y es señalada como un eslabón en las rutas de cocaína que conectan Sudamérica con Estados Unidos.
La OFAC sostiene que mantiene vínculos operativos tanto con el Cártel de Sinaloa como con el CJNG. Su influencia en el noroeste de Guatemala estaría respaldada por relaciones con empresarios, funcionarios y actores políticos locales.
Washington considera que estas conexiones permiten a la agrupación mantener redes de protección y facilitar sus operaciones de tráfico de drogas a través de territorio guatemalteco.
Congelamiento de activos y restricciones financieras
Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses. La medida también alcanza a las empresas en las que los sancionados tengan, directa o indirectamente, una participación de 50% o más.
Asimismo, queda prohibida cualquier transacción financiera o comercial con las personas y organizaciones incluidas en la lista. Las instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones significativas para los sancionados pueden enfrentar medidas secundarias, entre ellas restricciones o el cierre de sus cuentas corresponsales en Estados Unidos.
En paralelo, el Departamento de Estado designó a la organización guatemalteca Los Lorenzanas como organización terrorista extranjera. El Tesoro también recordó que el Cártel de Sinaloa y el CJNG fueron incluidos en esa categoría en febrero de 2025, además de ser designados como terroristas globales especialmente señalados.
La dependencia estadounidense indicó que las personas que proporcionen información sobre posibles infracciones mediante el programa de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) podrían acceder a recompensas cuando sus aportaciones deriven en sanciones monetarias superiores a un millón de dólares.
Con estas medidas, Washington busca presionar no solo a las organizaciones que producen o distribuyen drogas, sino también a las redes de apoyo, protección y financiamiento que permiten su operación a través de las fronteras centroamericanas y mexicanas.